INTRIGAS Y PETROLEO, DESTAPANDO LA TRAMA DE REPSOL-YPF EN ARGENTINA

Una visión más real de la problemática en torno a la expropiación de REPSOL-YPF en Argentina tras haber sido privatizada hace tan solo unos años. Mientras los manipulados y desinformadores medios de comunicación de masas nos arrojan nuevamente una falseada visión de la realidad, cacareada por esos malos actores llamados políticos que pretenden hacernos creer que la nacionalización de YPF supone un enfrentamiento entre países, la realidad pasa por matices muy diferentes en los que un grupo reducido de especuladores internacionales llevan décadas esquilmando y dañando a un país y a su población para su vil enriquecimiento personal.

Por favor, no se dejen engañar por lo que oigan en los grandes medios, no se dejen arrastrar al enfrentamiento entre países hermanos, sean inteligentes y descubran quiénes son los verdaderos buitres que se esconden tras estas luchas por el control de los recursos energéticos.

Lo más indignante, es que lo mismos canallas en el poder, traidores a la población, impiden que se den a conocer los avances existentes sobre las fuentes de ENERGÍA LIBRE que permitirían obtener energía limpia, gratis e ilimitada a partir del agua, el aire o el electromagnetismo acabando de un plumazo con la actual y simulada escasez energética mundial, los daños derivados de la contaminación de los hidrocarburos y el actual monopolio energético mundial de unos pocos criminales.

En estos días llegó a mis manos una nueva edición de Del poder al exilio: quiénes y como me derrocaron, un texto de 1955 del general Perón, quien ya en su primera página afirma: “nosotros fuimos víctimas de la sorda lucha por el petróleo… el objetivo era impedir que los recursos petrolíferos argentinos fuesen explotados de manera de concurrir al desarrollo industrial del país… No es difícil comprender que en materia de petróleo, los capitales definidos como europeos son esencialmente británicos” [1] Esta cita de Perón viene como anillo al dedo porque en estos días el gobierno de CFK expropió el 51 % de YPF(yacimientos petrolíferos fiscales) en la parte que poseía la empresa Repsol, dejando al resto de los accionistas en posesión de sus acciones sin incomodarlos.

El periodismo, como patria locutora que se encarga diariamente de  estupidizar a los pueblos planteó el tema como una cuasi guerra entre Argentina y España o como una medida stalinista de estatizar YPF. Nada de esto es cierto. Primero, porque Repsol, como muy bien observa Antonio Mitre [2] no es, técnicamente, ni una empresa española ni mucho menos del Estado español. El 42% pertenece a BP (british petroleum) cuando en el 2000 termina de comprar la Amoco, originaria fundadora de Repsol, el 9,5% es de la estatal mejicana Pemex. Repsol declara en España solo el 25% de sus beneficios, y solamente es ésta,  la participación que puede llamarse estrictamente española. En segundo lugar, el gobierno argentino expropia el 51% pero ni estatiza ni nacionaliza, hablando técnicamente. Pues de este 51%, el 49% pasa a manos de las diez provincias argentinas que poseen petróleo y solo el 51% restante queda en manos del Estado nacional. Resumiendo entonces, el capital accionario de YPF queda constituido de la siguiente manera: 26% propiedad del Estado nacional 25% propiedad de diez Estados provinciales 24,5% propiedad del grupo Eskenazi 6,5% propiedad de Repsol 6% de la secular banca Lazard freres 5% de la banca Eton Park (Goldman Sachs, Mindich y Rosemberg) 5% de inversores no identificados 2% de la Bolsa de Valores de Buenos Aires (grupo Werthein).

Vemos como el Estado nacional posee solo el 26% y nadie nos asegura que los diez Estados provinciales funcionen al unísono y de acuerdo con él. Pero por otra parte, y esto es lo que nos llama la atención, el grupo financiero Eskenazique posee en Argentina la constructora Petersen (contratista del Estado) y los Bancos de las provincias de Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Santa Cruz (la provincia de los Kirchner) es abiertamente pro sionista. Prueba de ello es que al salón principal de la Amia (la mutual israelita) le fue cambiado el nombre por el de “Gregorio Eskenazi”, el abuelo de Sebastián el último gerente de YPF y padre de Enrique, la cabeza del grupo. Además la sociedad del grupo que controla el 24,5% de YPF tiene su domicilio en Nueva Zelanda y no en Argentina. Si a este porcentaje sumamos el 2% del grupo Werthein más el 6 % de la banca Lazard y el 5% de Goldman Sachs, dos bancas internacionales abierta y declaradamente sionistas, vemos que el 37,5% de YPF está controlado por el sionismo internacional.

¿Podrá el interventor por el Estado argentino Axel Kicillof, nieto de un reconocido rabino, lidiar en contra de los intereses de sus “paisanos” y a favor de los intereses de nuestro país? Es una pregunta muy difícil de responder. Este es uno de los motivos por los cuales la CGT sacó un comunicado avalando la expropiación de YPF pero afirmando, al mismo tiempo, “esperamos que no haya pícaros, como en la privatización, que quieran sacar provecho personal de este acto de soberanía”. Ojalá podamos recuperar el control y manejo de nuestros recursos naturales para beneficio del pueblo argentino.

Volvamos a la cita de Perón “los capitales del petróleo son esencialmente británicos”. Y esto ha sido históricamente así, al menos en el caso argentino. País que ya antes de liberarse del dominio español había caído bajo el domino británico, pues con motivo de las primeras invasiones inglesas de 1806 y aún cuando Inglaterra fue derrotada, nos dejaron de regalo a los comerciantes y prestamistas ingleses. En 1824 el gobierno de Rivadavia pidió un empréstito a los hermanos Baring y nunca más nos liberamos de “Incalaperra”, como dice el Martín Fierro. Respecto del petróleo sabemos que fue descubierto en 1913 en la zona costera de la Patagonia y que en 1922 [3], y al negarse Gran Bretaña a vender gasolina para los aviones argentinos, el gobierno de Yrigoyen decide fundar YPF y pone al frente al General Mosconi quien, terminado su mandato es reemplazado por el General Alberto Baldrich hasta que el golpe de Estado de 1930 lo desplaza de la dirección de la empresa. En 1958 el presidente Frondizi, contradiciéndose de lo afirmado en su libro Petróleo y política abre las puertas de par en par a la inversión privada extranjera. En 1963, el gobierno radical de la misma raigambre ideológica de Yrigoyen, anula los contratos petroleros. Y comienza una burocratización de YPF que llega a 50.000 empleados. Llegando a ser la única compañía petrolera del mundo que daba pérdidas. En 1974, el gobierno de Isabel Perón nacionaliza las bocas de comercialización de petróleo. En 1992, bajo la nefasta presidencia Menem, se privatiza la empresa y en 1999 Repsol adquiere la casi totalidad de las acciones. En 2007, el grupoEskenazi de estrecha vinculación con Néstor Kirchner, adquiere el 14,5% de las acciones que le vende Repsol y en 2010 compra otro 10%.

Es digno de destacar que en la historia del siglo XX, ninguna empresa petrolera del mundo se ha vendido sin una guerra mediante. Ningún Estado nacional, teniendo una empresa propia, la entregó sin haber antes ido a una guerra para defenderla. En América del Sur, norteamericanos e ingleses desataron una guerra en 1935 entre Bolivia y Paraguay para dirimir sus cuestiones petroleras en zona del Chaco boreal. Es que habían chocado los intereses de las compañías petroleras. Vimos como Inglaterra nos niega a nosotros en 1922 combustible para nuestro desarrollo aeronáutico. Modernamente las guerras de Afganistán e Irak son guerras por el control del petróleo. Incluso países militarmente débiles como México o Venezuela no cedieron a las infinitas presiones para privatizar sus empresas nacionales de petróleo. El único caso es la Argentina de Menem que vendió a precio de desguace la petrolera, en esa época, estatal. Paradójicamente, en esa entrega estuvieron los Kirchner, él como gobernador de Santa Cruz y ella como diputada nacional.

Fuente : Por Alberto Buela (Enviado por izquierdoso)

Indignación por aumento de dos millones de pesos para los senadores

La polémica alza de dos millones de pesos solicitada por la ex mesa del Senado liderada por Guido Girardi ya fue aprobada y se hará efectiva a contar del 1 de mayo próximo.

Así lo confirmó el ex senador Sergio Páez, presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

"Están aprobados esos dos millones de pesos por senador a contar del 1 de mayo", dijo Páez, recalcando que "Guido Girardi consiguió estos recursos".

Además Páez explicó que la solicitud del aumento fue ingresada mediante "un oficio que mandan en marzo", en el que piden "que nosotros dispongamos, para resolver los problemas urgentes que tienen, de dos millones de pesos para cada senador, de los recursos que ellos tienen".

"La idea era que se pudiese compensar (el monto de las asignaciones por) el tremendo territorio, con complejidad territorial, que tienen los senadores, que estaban realmente colapsados, no tenían cómo pagar todos los secretarios, en fin...", explicó el ex parlamentario.

Cabe señalar que el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias lo integran, junto con Páez, el ex presidente del Banco Central Vittorio Corbo, el ex rector de la Universidad de Chile Luis Riveros, el ex diputado UDI Andrés Egaña y Alberto Arenas, ex Director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Frente a las críticas que originó el conocimiento de la moción, surgidas incluso desde la presidencia de la Cámara de Diputados, el senador Guido Girardi (PPD) resaltó que la solicitud emanó en forma unánime de la Comisión de Régimen Interior, que integran representantes de todas las bancadas.

"Todo es siempre por decisión unánime. Este es un tema corporativo, no hay opiniones individuales en esta materia. Todo lo que se ha planteado siempre ha sido una discusión que se ha hecho desde la corporación, desde la Comisión de Régimen", dijo Girardi.

En la mencionada comisión participan los socialistas Camilo Escalona y Pedro Muñoz, el RN Antonio Horvath, el UDI Jovino Novoa, el democratacristiano Hosaín Sabag, el PPD Jaime Quintana y el senador del MAS Alejandro Navarro.
Recordemos que las asignaciones para los senadores alcanzan actualmente a 5.450.000 y contemplan una serie de gastos operacionales como arriendos de oficinas, telefonía, uso de vehículos, viáticos y materiales de oficina.

Patricio Herman: “Wikileaks demostró que Chile es una mascota bien domesticada por Estados Unidos”

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, denuncia que “El drama de Chile es que las instituciones del Estado no funcionan, porque hay una asociación pública-privada para que los grandes actores del mercado siempre saquen ventajas. Lo peor es que también ocurrió en el pasado reciente con los 4 gobiernos de la Concertación, quienes actuaron como los mejores capataces de la derecha económica. Estados Unidos no necesita entrometerse mayormente en los asuntos internos de Chile, ya que hace rato somos una mascota bien domesticada por Washington DC”.

MC.- ¿Cuál fue el principal aporte de WikiLeaks en el capítulo Chile?

PH.- En primer lugar permitió desenmascarar, por lo tanto confirmar, el actuar torvo e hipócrita de las más altas autoridades del país. Enseguida, dejó de manifiesto como la prensa hegemónica se encarga de desinformar a la opinión pública, minimizando la gravedad de los hechos develados en esos cables diplomáticos. Y también como los entes públicos, llamados por ley a fiscalizar las malas prácticas de los agentes del Estado, simplemente optan por mantener un silencio cómplice, evitando iniciar las investigaciones de rigor.

MC.- El periódico La Jornada de México publicó en exclusiva los cables de WikiLeaks ; en España lo hizo El País ; en Francia Le Monde ; en Estados Unidos The New York Times ; en Inglaterra The Guardian ; en Alemania Der Spiegel ; ¿con qué filtro de la prensa tradicional chilena se “difundió” y “analizó” la información de WikiLeaks ?

PH.- En nuestro país hay un control de las noticias y opiniones que podrían incomodar al establishment y en tal sentido los dos consorcios periodísticos que dominan el mercado (El Mercurio & La Tercera), ejercen muy eficientemente esa labor que restringe la libre circulación de las ideas e informaciones. Esta limitación o censura se disfraza con el ropaje de la “prudencia y ponderación”, cuando no se omite derechamente, y tales medios, justificando sus comportamientos, se autodefinen como “serios”, lo cual es aceptado por un cierto porcentaje ingenuo de la población. Actúan en definitiva como lo hace un capellán de ejército con la soldadesca, convenciéndolos que la guerra que libran, atrocidades incluidas, cuentan con la venia del Señor. Pero gracias a la irrupción de las redes sociales y de ciertos medios electrónicos, la situación está cambiando y con ello la población está cada día mejor informada, y por lo tanto más crítica.

El episodio más grave, dado a conocer por WikiLeaks en el caso de Chile, fue la intervención del embajador de Estados Unidos para que la empresa AES Gener pudiera construir una planta termoeléctrica en una zona prohibida para ello. En todo caso, el hecho de que Estados Unidos hiciera esas gestiones no sorprende a nadie, pero lo indecente fue el actuar de nuestra servil institucionalidad, que se prestó para que se violara, inclusive un fallo de la propia Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente guardó un acomodaticio silencio. Lo anterior, por cierto, fue minimizado no sólo por esas 2 cadenas de prensa, sino también por la mayoría de los medios, con la excepción del aludido Ciperchile y unos pocos medios radiales y sitios electrónicos. Por su parte, los 120 diputados abandonando sus roles de fiscalización y el Ministerio Público, brillaron por su ausencia.

Los canales de televisión, a excepción de CNN Chile, tienden a ignorar las prácticas de corrupción de los más importantes grupos económicos, focalizando sus noticias en delitos de sangre y robos de poca monta. Por otro lado, el gobierno de Piñera, con la anuencia del poder legislativo, se niega a entregar los recursos económicos necesarios al Ministerio Público para que éste aumente su dotación de profesionales encargados de perseguir a los delincuentes de “cuello y corbata” y a sus cómplices insertos en el aparato del Estado. Es más, el presidente saliente de la Corte Suprema denunció con publicidad que las leyes, cuando las hay, no contemplan penas de relevancia para estos malhechores de alto vuelo y cuello blanco, sin que nadie se diera por aludido, es decir, su enérgica acusación quedó en el olvido.

El drama de nuestro país es que las instituciones del Estado no funcionan, porque hay una asociación pública-privada para que los grandes actores del mercado siempre saquen ventajas. Lo peor es que esto no sucede sólo ahora con un gobierno de derecha, sino que también ocurrió en el pasado reciente con los 4 gobiernos de la Concertación, quienes actuaron como los mejores capataces de la derecha económica.

MC.- Un cable de WikiLeaks documentó la intromisión de Estados Unidos en la política interna de Chile, ¿se trata de la excepción de la regla o la confirmación de un secreto a voces?

PH.- En efecto, la intervención en el caso de la termoeléctrica de Campiche fue manifiesta y descarada. Pero a decir verdad, Estados Unidos no necesita entrometerse mayormente en los asuntos internos de Chile, ya que hace rato somos una mascota bien domesticada por Washington DC.

Y pensar que los organismos financieros internacionales dan crédito al discurso mendaz propalado por los líderes de opinión y políticos de nuestro país, en orden a que Chile es una isla en Latinoamérica en cuanto a probidad y transparencia. Todos aquellos que conocemos los más recónditos espacios de la Administración del Estado sabemos a ciencia cierta que la corrupción en Chile está tan generalizada como en el resto de los países que hablan castellano y portugués. La única diferencia es que aquí se cultiva la hipocresía en su grado máximo.

MC.- Entrando en detalles, ¿por qué la empresa norteamericana AES Gener no podía instalar una termoeléctrica en la Región de Valparaíso?

PH.- Porque el uso de suelo establecido en el instrumento de planificación urbana de la comuna, como también en el correspondiente de la región, no admitían el emplazamiento de esa actividad de infraestructura energética, puesto que estaba reservada como área verde, lo que era bien sabido tanto por el directorio de la empresa infractora como por todas las autoridades competentes. Las institucionalidades urbanísticas y ambientales nunca ejercieron sus atribuciones cautelando el Estado de Derecho. La institucionalidad en general, está conformada por entes de fachada, que sólo ejercen sus autoridades para establecer barreras de entrada a los distintos y concentrados mercados que detenta la elite. Para ésta, en cambio, las normas regulatorias no se aplican o se modifican cuando estorban sus intereses como es el caso de la termoeléctrica aludida.

MC.- Después de la nula respuesta de la Cancillería de Chile y de la OCDE, ¿ante qué organismo internacional presentarán la denuncia por la injerencia norteamericana?, ¿qué instancia podría clausurar la termoeléctrica de AES Gener?

PH.- Ya que estos dos organismos nada han hecho para que el mercado funcione y se detengan estos abusos, esta claro que ambos no son interlocutores válidos cuando de corrupción se trata. Pero perfectamente podríamos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, en defensa de las comunidades de la zona ya saturada de contaminantes, en donde se está construyendo esa planta carbonífera norteamericana.

MC.- ¿Cómo describiría las políticas públicas en torno a la protección del medio ambiente en Chile?

PH.- En Chile todo se hace en función del crecimiento económico, y en especial de algunos a quienes hay que beneficiar. A pesar de que desde hace 17 años tenemos una Ley del Medio Ambiente, las instituciones públicas recurrentemente consienten en avalar ardides para que ésta sea vulnerada en provecho de los grandes actores del mercado. En Chile se da una situación bastante curiosa, ya que las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, solo están alertas por las eventuales críticas que puedan sufrir de la comunidad internacional, y son indiferentes a las que puedan surgir en Chile, ya que cuentan con el apoyo de las autoridades y sus clientes no están en el país.

MC.- ¿Cuál es la relación entre la deforestación desmedida y la explotación de las minas ante el deterioro ecológico que sufre la geografía y población chilena?

PH.- En la actualidad, esa relación no está muy presente, pues la minería se desarrolla fundamentalmente en zonas desérticas o de alta montaña, donde la presencia forestal es bastante reducida. Antiguamente, existen testimonios de fuertes procesos de deforestación, por ejemplo en la zona del valle de Copiapó, norte del país, debido a la corta de especies para las fundiciones. Actualmente los perjuicios ambientales que genera la gran minería están relacionados con el deterioro irreversible de los glaciares y de las fuentes de agua dulce en general, en desmedro de la agricultura y de las poblaciones locales. No hay que olvidar que, por su parte, la enorme demanda de energía que aquella requiere para la explotación de las minas se traduce en la construcción de centrales a carbón, que son las que mayor contaminación producen.

MC.- Los mapuches que defienden sus tierras ancestrales son criminalizados con la Ley Antiterrorista, ¿los ecologistas en las ciudades reciben un trato distinto o un maltrato oficial?

PH.- A las organizaciones ecologistas aún no se las ha perseguido con la Ley Antiterrorista, pero sí han sido objeto de represión y descrédito público, fundamentalmente, cuando apoyan a comunidades en conflicto con empresas forestales, o cuando denuncian hechos de depredación y corrupción asociada. Algunos de sus dirigentes han sido encarcelados y objeto de querellas criminales, aunque en general han logrado ser absueltos de las acusaciones que se les han formulado. No existen integrantes de organizaciones ecologistas que hayan sido asesinados, como si lo han sido activistas mapuches.

MC.- ¿Cuál es la situación de los cultivos transgénicos en perjuicio de las tradicionales semillas campesinas?

PH.- En Chile no existe obligación de rotulación ni etiquetado de alimentos que contengan ingredientes transgénicos. En relación cultivos de vegetales transgénicos, si bien no existe autorización para comercializar al interior del país vegetales transgénicos, se permite el cultivo de semillas para la exportación. Estos cultivos comenzaron en Chile el año 1992 y desde el año 2001 existe una resolución del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que permite la internación para su propagación. En este período se han ido aumentando las superficies de semillas transgénicas que se cultivan en Chile llegando actualmente a ser del orden 25.000 a 30.000 hectáreas al año. Sin embargo se desconoce la ubicación de estos semilleros, así como las medidas de bioseguridad y fiscalización que se aplican.

Con el propósito de proteger a otros productores de la contaminación transgénica, un grupo de organizaciones presentó ante el Consejo de la Transparencia, organismo público recién creado a semejanza del existente en México, un requerimiento para saber la ubicación de estos semilleros. Este Consejo determinó que el SAG debía hacer pública esta información. Sin embargo algunas empresas (Monsanto y Von Baer) productoras de transgénicos recurrieron ante la Justicia para no entregar esta información, lo cual ha sido resuelto en días pasados tal como se aprecia en en el informe de la FundaciónTerram

En todo caso, los cultivos transgénicos como el maíz representan una amenaza muy grave a las semillas campesinas, las que corren el riesgo de perderse por contaminación.

Fuente : Mario Cassasús, publicado originalmente en Clarín de Chile

Las gestiones conjuntas de los gobiernos de Chile y EE.UU. para salvar a termoeléctrica de AES Gener

La aprobación de la central Campiche estuvo rodeada de polémica, luego de que la Suprema paralizara las obras y el gobierno de Bachelet hiciera cambios legales que permitieron su construcción. Cables filtrados por Wikileaks dan cuenta del fuerte lobby que ejerció la embajada de EE.UU. por AES Gener. El gobierno reaccionó rápido, temiendo ahuyentar inversiones, e incluso la presidenta habría pedido a la ministra Patricia Poblete que encontrara una solución. Según el embajador, Poblete le dijo que esa era su primera prioridad y le prometió que “el gobierno solucionaría la situación”.
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A fines de octubre y principios de noviembre de 2009, el entonces embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Chile, Paul Simons, hizo llegar una carta a varios destinatarios del gobierno. La había escrito Gary Locke, el secretario de Comercio de su país, y le urgía que las principales autoridades chilenas la leyeran. Al primero que se la entregó fue a Marcos Robledo, asesor internacional de la presidenta Michelle Bachelet. De acuerdo a un cable enviado a Washington por la embajada y filtrado por Wikileaks, el funcionario le dijo que se la haría llegar a la brevedad y le hizo saber que el gobierno estaba consciente del problema y, “comprometido a encontrar una solución”. En los días siguientes, la misiva llegaría hasta los escritorios de los ministros de Interior, Economía y Energía.

Para entonces ya habían pasado cinco meses desde que la Corte Suprema invalidara la aprobación ambiental de la central termoeléctrica Campiche, un proyecto que se encontraba en construcción en la comuna de Puchuncaví, en la V Región, y que pertenecía a la compañía eléctrica AES Gener, la segunda empresa más grande del rubro en el país y filial en Chile de la norteamericana AES. La decisión judicial no cayó nada de bien ni en EE.UU. ni en el gobierno de Bachelet.

El fallo unánime de la Suprema determinaba que la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) había incurrido en una ilegalidad al aprobar en mayo de 2008 el permiso ambiental a la termoeléctrica y permitir su construcción sin antes considerar el tipo de uso de suelo. Con eso, se paralizaba una inversión de US$ 500 millones para generar 270 MW de potencia a base de carbón, lo que equivalía al 10% de la capacidad de generación en construcción en ese momento y al 3% de la capacidad ya instalada de la matriz eléctrica en Chile.

-La eliminación ilegal de un uso de suelo para áreas verdes en una localidad afectada por la alta emisión de contaminantes provoca un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación –decía la sentencia de junio de 2009.

Un día después del fallo, el diario La Tercera publicó un artículo donde el gerente general de AES Gener, Felipe Cerón, decía que la empresa confiaba “en que institucionalmente se encontrará una solución que le permita mantener su plan de inversiones”.

El plan siguiente consistiría en recurrir a la embajada de EE.UU. y convertir el problema de una empresa privada en un asunto diplomático. Entonces habría reuniones. Luego vendría la carta desde Washington a las autoridades chilenas y su respuesta: que el gobierno haría todo lo posible para solucionarle el problema a AES Gener.

Los primeros pasos del lobby

Un mes después del fallo, el 23 de julio de 2009, Cerón llegó junto al presidente de AES, Andrés Gluski, a una reunión con el embajador Simons. Lo que pasó allí aparece detallado en el cable Nº 221.119. Según el documento, Gluski le hizo saber al diplomático norteamericano que si pasaba más de un año de retraso, Campiche debería cancelarse por el alto costo que significaba la paralización, que estimaba entre los cuatro y los ocho millones de dólares mensuales. Y que las pérdidas no sólo serían para ellos, sino que también para sus proveedores, “principalmente en Corea (contratista general) e Italia (turbinas)”. También le recalcó que la prohibición no se debía a un tema ambiental, sino que era por el uso de suelo. Le dijo además, que el fallo ponía en duda las bases legales de otras plantas de energía. Para él, la sentencia judicial era “una señal activista de la Corte Suprema al gobierno de que no aprueba los procesos de permisos ambientales”.

Gluski le pidió a Simons que elevara la preocupación de AES sobre los costos a las autoridades chilenas y les hiciera notar la importancia de hacer un rápido seguimiento a los cambios en el uso de suelo en la zona donde la central se estaba instalando. Días después, el embajador lo hizo y encontró nada más que apoyo absoluto por parte del gobierno.

El 4 de agosto, Simons se reunió con el entonces ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. El jefe de gabinete de Bachelet le dijo al diplomático que el gobierno entendía la gravedad del problema: que no sólo implicaba las inversiones de AES, sino que a todo el ambiente de inversión extranjera en el país, principalmente en el área energética. Le aseguró también que pondría a uno de sus asesores más experimentados a trabajar en la materia. Luego Simons lo hablaría con Marcelo Tokman, titular de Energía, quien le “prometió todo su apoyo”.

La siguiente gestión de los diplomáticos estadounidenses fue reunirse con Álvaro Sapag, quien dirigía la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Sapag le dijo a un representante de la embajada que ya se había reunido con los ejecutivos de AES en seis ocasiones a discutir los pasos a seguir para conseguir un nuevo permiso ambiental después de que se solucionara el tema del uso de suelo, ya que no estaba claro si debían partir de cero ni qué partes del antiguo Estudio de Impacto Ambiental(EIA) podrían ser usadas de nuevo.

En el cable, fechado el 17 de agosto de 2009, el embajador aseguraba que la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, era la responsable de las directrices generales de zonificación y que ya se le había pedido que desarrollara nuevas guías que se acomodaran al fallo de la Suprema. Según la empresa, Poblete estaba dispuesta a solucionar el problema de las zonas industriales, pero no de las zonas de “alto riesgo”. Unos meses después llegaría la carta firmada por el secretario de Comercio norteamericano Gary Locke en la que se refería al problema de AES, y Simons la haría llegar a los escritorios de la presidenta y los titulares de Interior, Economía y Energía. Entonces, el embajador confirmaría la disposición de Poblete y los demás ministros de Bachelet para apurar la reapertura de la termoeléctrica en Puchuncaví.

La promesa de la ministra Poblete

Todo lo relativo a la carta aparece en el documento que salió el 20 de noviembre de ese mismo año desde la embajada de EE.UU. rumbo a Washington, el cable Nº 235.975. El texto de Locke reconocía los esfuerzos del gobierno chileno para solucionar la situación de AES y solicitaba “medidas oportunas para desarrollar una salida positiva para la compañía y sus inversiones”. Luego de haberla despachado, Simons habló con cada uno de los ministros de las tres carteras destinatarias. Todos le dijeron lo mismo: que estaban al tanto de la situación, que al gobierno le urgía resolver el tema para evitar un impacto negativo en el clima de inversiones en Chile y que quien podría hacer algo era la ministra Poblete. Pérez Yoma también aprovechó de indicarle que “la compañía (AES Gener) no ha hecho lo suficiente para pulir su imagen pública o construir relaciones con la comunidad colindante al proyecto Campiche”.

El 9 de noviembre Poblete recibió a Simons, quien le llevaba una copia de la misiva. Lo primero que dice el cable sobre aquella reunión es que la ministra de Vivienda le señaló “que ha recibido muchas peticiones para encontrar una vía para que AES Gener pueda reanudar el trabajo en la planta”. Poblete le dijo al diplomático que entre éstas estaban una carta enviada por el gobierno de Corea del Sur e incluso una llamada de la presidenta Bachelet. Además, le aseguró que “para ella y el gobierno chileno es la principal prioridad apuntar a resolver el tema antes de fin de año (2009)”.

Durante la conversación, la ministra mencionó que bajo el Plan Regulador Regional de Valparaíso, que comprende la zona donde se estaba instalando la termoeléctrica, hay limitaciones claras y estrictas para proyectos industriales. Agregó también que AES Gener nunca tuvo el permiso para construir en Campiche y que “la empresa debería haberse acercado a su ministerio mucho antes de empezar a trabajar en el proyecto”.

–Ella se lamentó –dice el informe de Simons– de que en vez de recurrir directamente a ella, la compañía perdiera tiempo tratando de trabajar en una solución con el Ministerio de Energía y afirmó que en esta etapa la solución es enmendar el Plan (Regulador) para acomodar el proyecto Campiche.

Poblete le habría explicado al diplomático norteamericano que el equipo del Ministerio de Vivienda (Minvu) ya había presentado una propuesta de cambios al Plan Regulador a través de la Corema y que la Contraloría lo había devuelto con 66 observaciones. Según el cable, la ministra se veía confiada. Le dijo también que hacía poco su cartera había completado las respuestas a las dudas y cambios solicitados por la Contraloría y que “usó canales internos de comunicación con la oficina del contralor (Ramiro Mendoza) para asegurarse de que las respuestas sean aceptables”. Que sólo faltaba que el documento fuera formalmente reenviado desde la Corema hacia la Contraloría. Que al día siguiente se juntaría con Pérez Yoma, Tokman y el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, –también llegaría a esa reunión Ana Lya Uriarte, ministra del Medio Ambiente– para idear una estrategia que resolviera el tema. Que “el gobierno solucionaría la situación, recurriendo a un decreto ejecutivo de ser necesario”.

Camino abierto para Campiche

Para fines de 2009, cuando la embajada envió el cable, AES Gener ya había dejado el tema judicial en manos del estudio Bofill, Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, del cual era socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. También se había enfrentado al municipio de Puchuncaví, que le exigía demoler lo que ya habían edificado en Campiche por haber construido sin permisos de edificación, lo que correspondía al 40% de la obra total. A la empresa le urgía acelerar el proceso del cambio de suelo. Por eso, sólo unos días después de que Patricia Poblete recibiera al embajador Simons, llegó hasta el Minvu el gerente general de la compañía, Felipe Cerón.

Según consta en el mismo cable, Cerón le contó a funcionarios de la embajada que la ministra le explicó que la enmienda del Plan Regulador podría tomar más tiempo que lo esperado y que recién en febrero de 2010 el trámite podría estar listo. Sólo entonces la compañía estaría en condiciones de reanudar las obras. Él creía que para lograrlo antes del cambio de mando, el gobierno de Bachelet lo cambiaría por decreto. Eso fue lo que ocurrió.

El 31 de diciembre de 2009, el Diario Oficial publicó el Decreto Supremo Nº 68. La norma se refiere a los terrenos afectos a dos o más usos de suelo distintos y estableció que si “al menos el 30% de su superficie permite los usos de suelo de actividades productivas y/o infraestructura, se admitirá en todo el terreno dicho uso de suelo”. El documento también indicó que en los casos donde se permita la actividad industrial, “estará siempre admitido el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura”. Todo beneficiaba a Campiche: según AES Gener el decreto dejaba superadas las razones por las que la Suprema detuvo el proyecto. La empresa aseguró que el 33% del terreno donde se emplazaba la termoeléctrica era de uso industrial, por lo que la nueva normativa le permitía extender esa utilización al resto de su proyecto.

A esas alturas, las modificaciones causaban revuelo público. Una nota del diario electrónico El Mostrador denunciaba que el gobierno había hecho un traje a la medida de Campiche y apuntaba principalmente a la ministra Poblete, pero también a sus colegas Pérez Yoma y Tokman. “No hemos hecho nada especial para que Campiche se pueda resolver”, se defendía al día siguiente la ministra de Vivienda.

Pero el escenario era claramente favorable para AES Gener. Cerón solicitó entonces un informe a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la V Región que incorporara las modificaciones en la ordenanza y ratificara que el terreno de Campiche cumplía con las exigencias municipales. También le pidió a la Corema la inclusión de los cambios en el proceso de calificación ambiental y que el proyecto pasara a ser sometido para la aprobación definitiva. Pero aún no estaba el camino llano. En relación a la extensión del uso de suelo industrial, el decreto agrega que “el instrumento de planificación territorial que corresponda podrá prohibir la aplicación de este inciso dentro de su territorio”.

Los días previos al terremoto del año pasado fueron movidos para AES Gener y su proyecto. El 18 de febrero de 2010, el Concejo Municipal de Puchuncaví rechazó por unanimidad el decreto del Minvu. Un artículo de La Tercera señala que el alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, dijo que “se rechaza el cambio y vamos a pedir congelar esa área para que no se pueda construir”. Menos de una semana después, la Corema de Valparaíso aprobó la calificación ambiental de Campiche. Aunque el municipio anunció que recurriría a la justicia, el proyecto podía reanudarse apenas la empresa lo estimara conveniente. Pero para eso faltaba la seguridad de que el proyecto no se detendría nuevamente.

La certeza que AES Gener necesitaba llegó recién en julio de 2010. Durante ese mes, luego de varias semanas de negociación, el municipio de Puchuncaví desistió de cualquier acción judicial que trabara la reapertura de las obras. A cambio, la empresa se comprometió a invertir unos US$ 4.000.000 en aportes sociales a la comunidad, otros US$ 80 millones en mejoras de las tecnologías usadas en las cuatro plantas termoeléctricas de la zona y a no construir ninguna otra central eléctrica en el sector. El 10 de agosto de 2010, la dirección de obras de Puchuncaví le otorgó a AES Gener los permisos de construcción que hacían falta. Campiche empezará a operar en 2012.

Fuentes :
http://ciperchile.cl

http://wikileaks.org/