Renace el debate de la nacionalización de este recurso vital que ya ha sido privatizado casi en su totalidad
En medio de una temporada de sequía, el agua se transforma en un recurso vital. Representantes de los mundos político, social, ecologista y gremial están retomando una campaña por nacionalizar el vital elemento, luego de que el actual gobierno concretara su total privatización. Entérese del ránking región por región de quiénes dominan el agua.
Mientras Estados Unidos nacionaliza gigantes inmobiliarios y bancarios y Argentina hace lo propio con el petróleo, en Chile, luego de inhabilitar la discusión sobre estatizar el transporte "público" y reprimir el debate en torno al derecho a una educación pública, pareciera emerger, aunque opacada por la invisibilización mediática, la cuestión de si las aguas son o no "un bien nacional de uso público", como lo define la ley. En los títulos de propiedad y en los hechos, se constata lo contrario.
El agua es un recurso natural que tiene un valor incalculable. Es un recurso estratégico, escaso a nivel mundial, un elemento esencial para la vida. Chile cuenta con una buena disponibilidad de recursos hídricos y con una de las mayores reservas de agua en Campos de Hielo Sur y Norte, en la zona austral del país. Pero, aunque así sea, no está asegurado su futuro y, así como hoy cada ciudadano puede abrir una llave y ver correr el agua y usarla a su antojo, el día de mañana al intentar abrir esa misma llave ya no caerá ni siquiera una gota.
En la gran mayoría de los países las aguas son públicas y se entregan en concesiones temporales para los diversos usos y, en este sentido, hay prioridades. Lo primero es para bebida humana, después para producción de alimentos, luego para generación industrial, para generación eléctrica y así sucesivamente.
Sin embargo, las actuales autoridades del país no tienen una mirada sobre el agua como recurso estratégico, sino que lo vislumbran meramente como una oportunidad de mercado. Se basa en criterios de asignación y transacciones.
Así quedó demostrado, al menos, en julio de 2011 cuando la Corfo vendió cerca del 30% de su propiedad en la empresa sanitaria Aguas Andinas, recaudando alrededor de US$1.000 millones en la transacción bursátil. Hoy sólo mantiene el 5% de las acciones.
Un bien nacional
Toda la política relativa a este recurso está establecida en el Código de Aguas, que la define como un bien nacional de uso público y también como bien económico. De esta manera, la regulación sobre su uso está controlado por el "mercado del agua", donde entran a regir la oferta y la demanda y nada tiene que ver con cubrir las necesidades de la población y los resguardos ambientales que se requieren para asegurar la existencia de un recurso vital y escaso como este.
Asimismo, el Código de Aguas autoriza su privatización mediante la concesión de derechos de uso gratuito y a perpetuidad.
A esta altura ya se ha privatizado casi el 100 % de las empresas sanitarias que funcionan en el país. La mayoría está en manos de transnacionales. Es el caso de la española Endesa, que domina el campo de la generación de electricidad. Según la Dirección General de Aguas (DGA), la empresa es la mayor poseedora de derechos de aguas para uso no consuntivo, o sea, centrales hidroeléctricas.
De la privatización a la nacionalización
Representantes políticos, sociales, ecoambientalistas y gremiales relanzaron la campaña "Recuperar el Agua Para Chile", iniciada en 2009, cuyo diseño para esta segunda etapa contempla la recolección de un millón de firmas para presionar al gobierno y al Congreso a que legislen sobre la nacionalización del recurso hídrico.
Es importante recordar que el Código de Aguas de la dictadura eliminó un elemento esencial de las legislaciones hídricas comparadas, que es que todo derecho de aprovechamiento debe tener un uso efectivo y beneficioso, como consignaba la legislación anterior.
Dicha transformación permite la apropiación de derechos de agua con el único objetivo de la acumulación y especulación con el recurso, sin otorgarse derechos con una función determinada y dejando en manos privadas la planificación para su uso sustentable.
El agua de ¿todos?
El diputado PPD Felipe Harboe hace hincapié en que "hay temas que el gobierno debe enfrentar previamente. Los avances en los servicios sanitarios se han logrado a costa de un alza excesiva en las tarifas para los usuarios. En la región Metropolitana, durante los años 2008 y 2009, el excedente acumulado para la empresa alcanzaría al 22%, muy por sobre la rentabilidad regulada, lo que se explica en un sobreprecio a los consumidores en sus tarifas de agua potable".
En tanto, la ex candidata presidencial Sara Larraín, quien se ha dedicado a hacer varios estudios sobre el tema del agua, es enfática en señalar a Cambio 21 que "hoy día tenemos una situación coyuntural de sequía y escasez, pero antes de estos dos últimos años prácticamente en todas las cuencas era posible ver conflictos por el agua. Primero, porque claramente el marco regulatorio no establece diversificación o prioridades de uso".
Según la ambientalista, se han entregado muchos más derechos de agua de las aguas que específicamente existen.
El obispo de Aysén, Luis Infanti, dijo en torno a este tema: "Un bien como el agua debería pertenecer a todos los chilenos, no ser vendido a empresas multinacionales; el agua es un elemento esencial para la vida, se está mercantilizando la vida misma, y peor aún si este comprador es una multinacional: Vendemos así nuestra soberanía".
El agua no se regala... se vende
En la actualidad el agua se transformó en un recurso natural vital, y muy bien lo saben aquellos que han lucrado durante mucho tiempo con este bien.
El caso más reciente es del nuevo intendente de Copiapó, Rafael Prohens Espinosa (RN), quien llegó en reemplazo de Ximena Matas. Presidente de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó, se desempeñó como alcalde de Tierra Amarilla y concejal por Copiapó. Es uno de los empresarios agrícolas que se ha enriquecido gracias a la alarmante sequía de la cuenca del río Copiapó y que tiene al gobierno y a sus habitantes en estado de alerta. Según el director de la DGA, Matías Desmadryl, Copiapó es la "zona más compleja del país en cuanto a déficit del recurso hídrico".
Prohens obtuvo US$ 4 millones de dólares al vender a una minera derechos de agua que el Estado le había entregado de forma gratuita. Derechos que fueron otorgados sin restricciones y de manera gratuita gracias a las normas del Código de Aguas aprobadas en 1981, lo que en la práctica significó la privatización del recurso, según publicó el portal de investigación Ciper Chile.
Esa operación de compraventa que enriqueció a Prohens, al mismo tiempo empobreció la cuenca. El nuevo intendente no sólo se benefició con la sequía, sino que colaboró a agudizarla. Esto, porque la minería usa el recurso de manera permanente y sostenida durante todo el año, a diferencia de la agricultura, que lo utiliza a plenitud sólo algunos meses.
Jaime Prohens Espinosa, hermano del nuevo intendente, hizo un mejor negocio. A la misma minera le vendió 80 litros/segundo a un precio de US$ 55 mil por cada litro/segundo. La operación le reportó US$ 4,4 millones. Jaime y Rafael son hijos de Alfonso Prohens, agricultor pionero en el exitoso cultivo de uvas en el valle de Copiapó.
La presión sobre las escasas reservas hídricas de la zona aumentó a contar de 2007, porque el alto precio del cobre impulsó la multiplicación de las faenas mineras. Y aunque ya se sabía que el agua no alcanzaba para abastecer a todos y que incluso están en riesgo las provisiones para el consumo humano, se activó con mayor fuerza la compraventa de derechos de agua, como la que concretó el nuevo intendente en noviembre de 2008.
Los dueños del agua
La sequía que actualmente vive nuestro país es un tema que no sólo preocupa a los afectados, sino que también a las autoridades locales y nacionales. En este sentido, las zona norte y centro sur del país son por excelencia las más afectadas. Tanto, que incluso se analizó la posibilidad de bombardear nubes para lograr conseguir un poco más del vital elemento a través de la lluvia.
Mientras Estados Unidos nacionaliza gigantes inmobiliarios y bancarios y Argentina hace lo propio con el petróleo, en Chile, luego de inhabilitar la discusión sobre estatizar el transporte "público" y reprimir el debate en torno al derecho a una educación pública, pareciera emerger, aunque opacada por la invisibilización mediática, la cuestión de si las aguas son o no "un bien nacional de uso público", como lo define la ley. En los títulos de propiedad y en los hechos, se constata lo contrario.
El agua es un recurso natural que tiene un valor incalculable. Es un recurso estratégico, escaso a nivel mundial, un elemento esencial para la vida. Chile cuenta con una buena disponibilidad de recursos hídricos y con una de las mayores reservas de agua en Campos de Hielo Sur y Norte, en la zona austral del país. Pero, aunque así sea, no está asegurado su futuro y, así como hoy cada ciudadano puede abrir una llave y ver correr el agua y usarla a su antojo, el día de mañana al intentar abrir esa misma llave ya no caerá ni siquiera una gota.
En la gran mayoría de los países las aguas son públicas y se entregan en concesiones temporales para los diversos usos y, en este sentido, hay prioridades. Lo primero es para bebida humana, después para producción de alimentos, luego para generación industrial, para generación eléctrica y así sucesivamente.
Sin embargo, las actuales autoridades del país no tienen una mirada sobre el agua como recurso estratégico, sino que lo vislumbran meramente como una oportunidad de mercado. Se basa en criterios de asignación y transacciones.
Así quedó demostrado, al menos, en julio de 2011 cuando la Corfo vendió cerca del 30% de su propiedad en la empresa sanitaria Aguas Andinas, recaudando alrededor de US$1.000 millones en la transacción bursátil. Hoy sólo mantiene el 5% de las acciones.
Un bien nacional
Toda la política relativa a este recurso está establecida en el Código de Aguas, que la define como un bien nacional de uso público y también como bien económico. De esta manera, la regulación sobre su uso está controlado por el "mercado del agua", donde entran a regir la oferta y la demanda y nada tiene que ver con cubrir las necesidades de la población y los resguardos ambientales que se requieren para asegurar la existencia de un recurso vital y escaso como este.
Asimismo, el Código de Aguas autoriza su privatización mediante la concesión de derechos de uso gratuito y a perpetuidad.
A esta altura ya se ha privatizado casi el 100 % de las empresas sanitarias que funcionan en el país. La mayoría está en manos de transnacionales. Es el caso de la española Endesa, que domina el campo de la generación de electricidad. Según la Dirección General de Aguas (DGA), la empresa es la mayor poseedora de derechos de aguas para uso no consuntivo, o sea, centrales hidroeléctricas.
De la privatización a la nacionalización
Representantes políticos, sociales, ecoambientalistas y gremiales relanzaron la campaña "Recuperar el Agua Para Chile", iniciada en 2009, cuyo diseño para esta segunda etapa contempla la recolección de un millón de firmas para presionar al gobierno y al Congreso a que legislen sobre la nacionalización del recurso hídrico.
Es importante recordar que el Código de Aguas de la dictadura eliminó un elemento esencial de las legislaciones hídricas comparadas, que es que todo derecho de aprovechamiento debe tener un uso efectivo y beneficioso, como consignaba la legislación anterior.
Dicha transformación permite la apropiación de derechos de agua con el único objetivo de la acumulación y especulación con el recurso, sin otorgarse derechos con una función determinada y dejando en manos privadas la planificación para su uso sustentable.
El agua de ¿todos?
El diputado PPD Felipe Harboe hace hincapié en que "hay temas que el gobierno debe enfrentar previamente. Los avances en los servicios sanitarios se han logrado a costa de un alza excesiva en las tarifas para los usuarios. En la región Metropolitana, durante los años 2008 y 2009, el excedente acumulado para la empresa alcanzaría al 22%, muy por sobre la rentabilidad regulada, lo que se explica en un sobreprecio a los consumidores en sus tarifas de agua potable".
En tanto, la ex candidata presidencial Sara Larraín, quien se ha dedicado a hacer varios estudios sobre el tema del agua, es enfática en señalar a Cambio 21 que "hoy día tenemos una situación coyuntural de sequía y escasez, pero antes de estos dos últimos años prácticamente en todas las cuencas era posible ver conflictos por el agua. Primero, porque claramente el marco regulatorio no establece diversificación o prioridades de uso".
Según la ambientalista, se han entregado muchos más derechos de agua de las aguas que específicamente existen.
El obispo de Aysén, Luis Infanti, dijo en torno a este tema: "Un bien como el agua debería pertenecer a todos los chilenos, no ser vendido a empresas multinacionales; el agua es un elemento esencial para la vida, se está mercantilizando la vida misma, y peor aún si este comprador es una multinacional: Vendemos así nuestra soberanía".
El agua no se regala... se vende
En la actualidad el agua se transformó en un recurso natural vital, y muy bien lo saben aquellos que han lucrado durante mucho tiempo con este bien.
El caso más reciente es del nuevo intendente de Copiapó, Rafael Prohens Espinosa (RN), quien llegó en reemplazo de Ximena Matas. Presidente de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó, se desempeñó como alcalde de Tierra Amarilla y concejal por Copiapó. Es uno de los empresarios agrícolas que se ha enriquecido gracias a la alarmante sequía de la cuenca del río Copiapó y que tiene al gobierno y a sus habitantes en estado de alerta. Según el director de la DGA, Matías Desmadryl, Copiapó es la "zona más compleja del país en cuanto a déficit del recurso hídrico".
Prohens obtuvo US$ 4 millones de dólares al vender a una minera derechos de agua que el Estado le había entregado de forma gratuita. Derechos que fueron otorgados sin restricciones y de manera gratuita gracias a las normas del Código de Aguas aprobadas en 1981, lo que en la práctica significó la privatización del recurso, según publicó el portal de investigación Ciper Chile.
Esa operación de compraventa que enriqueció a Prohens, al mismo tiempo empobreció la cuenca. El nuevo intendente no sólo se benefició con la sequía, sino que colaboró a agudizarla. Esto, porque la minería usa el recurso de manera permanente y sostenida durante todo el año, a diferencia de la agricultura, que lo utiliza a plenitud sólo algunos meses.
Jaime Prohens Espinosa, hermano del nuevo intendente, hizo un mejor negocio. A la misma minera le vendió 80 litros/segundo a un precio de US$ 55 mil por cada litro/segundo. La operación le reportó US$ 4,4 millones. Jaime y Rafael son hijos de Alfonso Prohens, agricultor pionero en el exitoso cultivo de uvas en el valle de Copiapó.
La presión sobre las escasas reservas hídricas de la zona aumentó a contar de 2007, porque el alto precio del cobre impulsó la multiplicación de las faenas mineras. Y aunque ya se sabía que el agua no alcanzaba para abastecer a todos y que incluso están en riesgo las provisiones para el consumo humano, se activó con mayor fuerza la compraventa de derechos de agua, como la que concretó el nuevo intendente en noviembre de 2008.
Los dueños del agua
La sequía que actualmente vive nuestro país es un tema que no sólo preocupa a los afectados, sino que también a las autoridades locales y nacionales. En este sentido, las zona norte y centro sur del país son por excelencia las más afectadas. Tanto, que incluso se analizó la posibilidad de bombardear nubes para lograr conseguir un poco más del vital elemento a través de la lluvia.
Sin embargo, no es la primera vez que nuestro país sufre una sequía, y en años anteriores ha sido la razón por la que empresas y operadores de distintos rubros económicos se han enfrentado.
Pero, ¿quiénes son los que manejan este vital elemento? De los cerca de 25 mil derechos de aprovechamiento de aguas entregados por la Dirección General de Aguas (DGA) en todo el país, los mayores se registran en el caso de las aguas superficiales y gran parte de ellas están en manos de grandes empresas, como también de asociaciones de canalistas en regiones puntuales.
La lista la encabeza la región de Aysén. Endesa lleva la delantera indiscutida con derechos por 3.212,640 m3/s. Otras empresas hidroeléctricas como AES Gener, Colbún y otras destacan también en el catastro de la DGA. Asimismo, hay mineras como Codelco y Escondida, además de empresas del rubro forestal como CMPC, según la información entregada por la repartición estatal dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Ranking:
Región de Antofagasta: Codelco, derechos por 4,121 metros cúbicos por segundo (m3/s). Minera Escondida -de propiedad de BHP Billiton-, posee 1,919 m3/s, mientras que Enaex, la firma de explosivos del grupo Sigdo Koppers, posee 1,506 m3/s.
Región de Coquimbo: Canalistas del Embalse Recoleta son punteros, con 39.400,010 m3/s.
Región de Valparaíso: Minera Valparaíso -perteneciente al grupo Matte- resalta con 30 m3/s. Hidroeléctrica Guardia Vieja, con 64,111 m3/s.
Región Metropolitana: Nuevamente los Matte, con CMPC, con 67 m3/s. Eléctrica AES Gener, con 113,395 m3/s. También están presentes Chilectra, con 45 m3/s y la sanitaria Aguas Andinas, con 25,580 m3/s.
Región del Maule: Destacan entre los dueños del agua Endesa, Colbún y AES Gener.
Región del Biobío: Endesa, con 558, 290 m3/s, y Alberto Matthei e Hijos, con 102 m3/s.
Región de Aysén: Endesa -que junto con Colbún pretenden levantar cuatro centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, que sumarían una capacidad superior a los 2.000 MW-, lleva la delantera con derechos por 3.212,640 m3/s.
Magallanes. Salmones Multiexport.
