Durante 23 años remesó a su casa matriz una cantidad cercana a los 3.000 millones de dólares, nunca pagaron impuesto alguno, pues declaraban pérdidas, demandaron al Fisco chileno 'por daños' logrando su propósito.
La mega empresa estadounidense Exxon demandó al Estado chileno -representado por Enami- de ejercer oposición en la venta de la Disputada de Las Condes a la sudafricana Anglo American en 1.300 millones de dólares.
El vicepresidente de la compañía, Harry Longwell, luego de entrevistarse con funcionarios al más alto nivel gubernamental, parece haber logrado un acuerdo que revierta la situación según la cual la transnacional se hubiese encontrado en la obligación de pagar al Fisco la suma de 300 millones de dólares en impuestos por la transacción. En lugar de ello, Exxon reclamó a Enami una indemnización de 7 millones de dólares por daños, alegando que la situación generada hubiese podido hacer fracasar la venta.
Sabrosos negocios a costas del Estado
El alegato de la compañía norteamericana se convirtió en el paradigma de una práctica desarrolada durante todos los años en los que tuvo bajo su control la mina Disputada de las Condes, en los que no pagó un solo dólar por impuesto sobre las ganancias al Fisco chileno, porque en cada uno de sus balances anuales presentó pérdidas contables. Con la complicidad de un estado que mira para otro lado, a la hora de defender sus intereses y los que presionan son empresas extranjeras.
Durante las dos décadas de explotación, el yacimiento produjo cerca de 5 millones de toneladas de cobre fino, equivalentes a 6.000 millones de dólares. El economista y ex gerente general de Codelco Orlando Caputo, en un estudio realizado en junio de este año, afirma que en términos reales la Exxon acumuló alrededor de los 3.000 millones de dólares y realizó inversiones por 1.500 millones, las que multiplicó y se llevó sin traba alguna.
Exxon compró los derechos de Disputada a Enami en 1978 por 1.200 millones de dólares. Luego aportó un capital de 188 millones de dólares, más otros aportes como créditos asociados. Posteriormente, el mismo año, los derechos de inversión extranjera fueron cedidos por Exxon Mineral Chile Inc. a Exxon Overseas Investment Corporation, que remesó los mismos 188 millones de dólares de aporte de capital. A la fecha, los créditos asociados acumulaban ingresos por 861 millones de dólares, más 424 millones de dólares por amortizaciones e intereses, de modo que en pocos meses Exxon había remesado el aporte original más amortizaciones a intereses correspondientes a la mitad de los créditos asociados.
Oscuros malabares transaccionales
Once años más tarde, en 1989, el monto total de los créditos asociados alcanzaba a 1.437 millones de dólares, el monto total de amortizaciones superaba los mil millones de dólares, y los intereses llegaban a 587 millones de dólares. De este modo, Exxon se había remitido a sí misma una suma superior a los recursos ingresados como aporte de capital y créditos asociados.
También hubo otros aportes, como el de la filial Exxon Holding Latin America Limited, que en 1999 presentó solicitó autorización para un aporte de capital por 184 millones de dólares. Autorizada esta operación mediante el contrato de inversión extranjera, a su amparo se realizaron aportes por más de 169 millones de dólares bajo la modalidad de capitalización de utilidades provenientes de Esso Chile Petrolera Ltda., con lo que Esso Chile aprovechó el mecanismo para sacar utilidades de Chile mediante la empresa minera, evadiendo el correspondiente pago de impuestos.
La operación se reeditó pocos meses más tarde, esta vez desde la Exxon Financial Services Company Limited, domiciliada en Bahamas, y que presentó otra solicitud de inversión extranjera, ahora por 317 millones de dólares, la que se efectivizó bajo la modalidad de 'divisas provenientes del exterior'.
Datos aportados por el estudio de Caputo caracteriza a la Disputada como 'exportadora de dólares', porque mientras el incremento de capital y reservas registrados a diciembre de 1982 alcanzaba a 76 millones de dólares, la deuda de la compañía con acreedores del exterior sumaba 348,5 millones de dólares, con la particularidad de que la totalidad de estos préstamos había sido otorgada por Exxon Overseas Service Ltd., de modo que los 50,2 millones de dólares que en Exxon Minerals Chile Inc. aparecen como gastos en 1982, en la misma fecha figuran como ingreso en Exxon Overseas Service Ltd. Como sacarse el dinero de un bolsillo para guardarlo en el otro, aunque con el respaldo establecido en el contrato firmado con el Estado de Chile, el que 'autoriza por este acto a Exxon Minerals Inc. y a Disputada para traer a Chile los préstamos que fueran necesarios o deseables para este propósito como parte del aporte de capital autorizado y destinado al financiamiento del proyecto', agregando que los préstamos 'podrán obtenerse de instituciones bancarias o financieras extranjeras o internacionales, incluyendo una institución financiera de Exxon Corporation o de otros inversionistas, como también de créditos otorgados a Disputada de las Condes por Exxon Corporation', créditos que son a las claras auto préstamos. 'Dichos préstamos no serán considerados como capital de Disputada para los fines de impuesto a la renta y Disputada tendrá derecho a remitir todos los fondos requeridos para el servicio de dichos préstamos en la forma aprobada'.
Y si la Constitución es un escollo, hay que obviarla.
De acuerdo al estudio Caputo, el cual deduce que la Cia. Disputada de las Condes se adueñó de la renta del recurso minero no renovable, el que se debe fijar en un 20% del precio, lo que en este caso arrojaría la suma de 1.200 millones de dólares. Agrega que según los parámetros normalmente aplicados, entre utilidades y renta Disputada se habría apropiado durante las más de dos décadas de explotación de unos 3.000 millones de dólares y habría dejado de pagar impuestos estimados cercanos a los 600 millones de dólares.
Caputo además marca como un hecho especialmente grave el que la venta de Disputada de las Condes a la Anglo Aremican efectuada por Exxon, pese a cubrirse en la legalidad formal, está transando minerales que, según la Constitución Chilena, son propiedad de todos los chilenos, aprovechando el resquicio legal dejado por la dictadura pinochetista para lograrlo, mediante la ley orgánica constitucional minera, cuyo objetico, sin lugar a dudas es permitir, lisa y llanamente, la apropiación de los recursos naturales por la empresa privada mediante el sistema de 'concesión plena', con la cual se opone el artículo 19 Nº24, inciso sexto de la Constitución Política vigente, que determina que 'el Estado tiene dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible' de todas las minas existentes en el territorio chileno.
A punto de concretarse el 'Gran Negocio'
Se ha dado a conocer que el Comité de Inversiones Extranjeras, presidido por el ministro de Economía subrogante, Felipe Sandoval, ha aprobado la solicitud que presentó la subsidiaria de Anglo American, Clarent Limited, para ingresar recursos a Chile de acuerdo a las normas del Decreto Ley 600.
El monto autorizado asciende a 1.550 millones de dólares, los cuales podrán ser materializados en un plazo, nada menos que de ocho años. De estos recursos, 1.300 millones de dólares serán destinados a la compra de la Compañía Minera Disputada de Las Condes a Exxon Mobil, con lo cual el 'Gran Negocio' para la multinacional está concretado.
El resto de la inversión estaría destinado a proyectos adicionales que tengan que concretar en la minera, tomando en cuenta el amplio plazo otorgado para totalizar el ingreso del resto de la 'inversión'.
Se está cerrando una nueva expoliación en un país de Latinoamérica, llevado a cabo por una multinacional norteamericana y la complicidad de la clase dirigente.
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