Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, denuncia que “El drama de Chile es que las instituciones del Estado no funcionan, porque hay una asociación pública-privada para que los grandes actores del mercado siempre saquen ventajas. Lo peor es que también ocurrió en el pasado reciente con los 4 gobiernos de la Concertación, quienes actuaron como los mejores capataces de la derecha económica. Estados Unidos no necesita entrometerse mayormente en los asuntos internos de Chile, ya que hace rato somos una mascota bien domesticada por Washington DC”.MC.- ¿Cuál fue el principal aporte de WikiLeaks en el capítulo Chile?
PH.- En primer lugar permitió desenmascarar, por lo tanto confirmar, el actuar torvo e hipócrita de las más altas autoridades del país. Enseguida, dejó de manifiesto como la prensa hegemónica se encarga de desinformar a la opinión pública, minimizando la gravedad de los hechos develados en esos cables diplomáticos. Y también como los entes públicos, llamados por ley a fiscalizar las malas prácticas de los agentes del Estado, simplemente optan por mantener un silencio cómplice, evitando iniciar las investigaciones de rigor.
MC.- El periódico La Jornada de México publicó en exclusiva los cables de WikiLeaks ; en España lo hizo El País ; en Francia Le Monde ; en Estados Unidos The New York Times ; en Inglaterra The Guardian ; en Alemania Der Spiegel ; ¿con qué filtro de la prensa tradicional chilena se “difundió” y “analizó” la información de WikiLeaks ?
PH.- En nuestro país hay un control de las noticias y opiniones que podrían incomodar al establishment y en tal sentido los dos consorcios periodísticos que dominan el mercado (El Mercurio & La Tercera), ejercen muy eficientemente esa labor que restringe la libre circulación de las ideas e informaciones. Esta limitación o censura se disfraza con el ropaje de la “prudencia y ponderación”, cuando no se omite derechamente, y tales medios, justificando sus comportamientos, se autodefinen como “serios”, lo cual es aceptado por un cierto porcentaje ingenuo de la población. Actúan en definitiva como lo hace un capellán de ejército con la soldadesca, convenciéndolos que la guerra que libran, atrocidades incluidas, cuentan con la venia del Señor. Pero gracias a la irrupción de las redes sociales y de ciertos medios electrónicos, la situación está cambiando y con ello la población está cada día mejor informada, y por lo tanto más crítica.
El episodio más grave, dado a conocer por WikiLeaks en el caso de Chile, fue la intervención del embajador de Estados Unidos para que la empresa AES Gener pudiera construir una planta termoeléctrica en una zona prohibida para ello. En todo caso, el hecho de que Estados Unidos hiciera esas gestiones no sorprende a nadie, pero lo indecente fue el actuar de nuestra servil institucionalidad, que se prestó para que se violara, inclusive un fallo de la propia Corte Suprema de Justicia, cuyo presidente guardó un acomodaticio silencio. Lo anterior, por cierto, fue minimizado no sólo por esas 2 cadenas de prensa, sino también por la mayoría de los medios, con la excepción del aludido Ciperchile y unos pocos medios radiales y sitios electrónicos. Por su parte, los 120 diputados abandonando sus roles de fiscalización y el Ministerio Público, brillaron por su ausencia.Los canales de televisión, a excepción de CNN Chile, tienden a ignorar las prácticas de corrupción de los más importantes grupos económicos, focalizando sus noticias en delitos de sangre y robos de poca monta. Por otro lado, el gobierno de Piñera, con la anuencia del poder legislativo, se niega a entregar los recursos económicos necesarios al Ministerio Público para que éste aumente su dotación de profesionales encargados de perseguir a los delincuentes de “cuello y corbata” y a sus cómplices insertos en el aparato del Estado. Es más, el presidente saliente de la Corte Suprema denunció con publicidad que las leyes, cuando las hay, no contemplan penas de relevancia para estos malhechores de alto vuelo y cuello blanco, sin que nadie se diera por aludido, es decir, su enérgica acusación quedó en el olvido.
El drama de nuestro país es que las instituciones del Estado no funcionan, porque hay una asociación pública-privada para que los grandes actores del mercado siempre saquen ventajas. Lo peor es que esto no sucede sólo ahora con un gobierno de derecha, sino que también ocurrió en el pasado reciente con los 4 gobiernos de la Concertación, quienes actuaron como los mejores capataces de la derecha económica.
MC.- Un cable de WikiLeaks documentó la intromisión de Estados Unidos en la política interna de Chile, ¿se trata de la excepción de la regla o la confirmación de un secreto a voces?
PH.- En efecto, la intervención en el caso de la termoeléctrica de Campiche fue manifiesta y descarada. Pero a decir verdad, Estados Unidos no necesita entrometerse mayormente en los asuntos internos de Chile, ya que hace rato somos una mascota bien domesticada por Washington DC.
Y pensar que los organismos financieros internacionales dan crédito al discurso mendaz propalado por los líderes de opinión y políticos de nuestro país, en orden a que Chile es una isla en Latinoamérica en cuanto a probidad y transparencia. Todos aquellos que conocemos los más recónditos espacios de la Administración del Estado sabemos a ciencia cierta que la corrupción en Chile está tan generalizada como en el resto de los países que hablan castellano y portugués. La única diferencia es que aquí se cultiva la hipocresía en su grado máximo.
MC.- Entrando en detalles, ¿por qué la empresa norteamericana AES Gener no podía instalar una termoeléctrica en la Región de Valparaíso?
PH.- Porque el uso de suelo establecido en el instrumento de planificación urbana de la comuna, como también en el correspondiente de la región, no admitían el emplazamiento de esa actividad de infraestructura energética, puesto que estaba reservada como área verde, lo que era bien sabido tanto por el directorio de la empresa infractora como por todas las autoridades competentes. Las institucionalidades urbanísticas y ambientales nunca ejercieron sus atribuciones cautelando el Estado de Derecho. La institucionalidad en general, está conformada por entes de fachada, que sólo ejercen sus autoridades para establecer barreras de entrada a los distintos y concentrados mercados que detenta la elite. Para ésta, en cambio, las normas regulatorias no se aplican o se modifican cuando estorban sus intereses como es el caso de la termoeléctrica aludida.
MC.- Después de la nula respuesta de la Cancillería de Chile y de la OCDE, ¿ante qué organismo internacional presentarán la denuncia por la injerencia norteamericana?, ¿qué instancia podría clausurar la termoeléctrica de AES Gener?
PH.- Ya que estos dos organismos nada han hecho para que el mercado funcione y se detengan estos abusos, esta claro que ambos no son interlocutores válidos cuando de corrupción se trata. Pero perfectamente podríamos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, en defensa de las comunidades de la zona ya saturada de contaminantes, en donde se está construyendo esa planta carbonífera norteamericana.
MC.- ¿Cómo describiría las políticas públicas en torno a la protección del medio ambiente en Chile?
PH.- En Chile todo se hace en función del crecimiento económico, y en especial de algunos a quienes hay que beneficiar. A pesar de que desde hace 17 años tenemos una Ley del Medio Ambiente, las instituciones públicas recurrentemente consienten en avalar ardides para que ésta sea vulnerada en provecho de los grandes actores del mercado. En Chile se da una situación bastante curiosa, ya que las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, solo están alertas por las eventuales críticas que puedan sufrir de la comunidad internacional, y son indiferentes a las que puedan surgir en Chile, ya que cuentan con el apoyo de las autoridades y sus clientes no están en el país.
MC.- ¿Cuál es la relación entre la deforestación desmedida y la explotación de las minas ante el deterioro ecológico que sufre la geografía y población chilena?
PH.- En la actualidad, esa relación no está muy presente, pues la minería se desarrolla fundamentalmente en zonas desérticas o de alta montaña, donde la presencia forestal es bastante reducida. Antiguamente, existen testimonios de fuertes procesos de deforestación, por ejemplo en la zona del valle de Copiapó, norte del país, debido a la corta de especies para las fundiciones. Actualmente los perjuicios ambientales que genera la gran minería están relacionados con el deterioro irreversible de los glaciares y de las fuentes de agua dulce en general, en desmedro de la agricultura y de las poblaciones locales. No hay que olvidar que, por su parte, la enorme demanda de energía que aquella requiere para la explotación de las minas se traduce en la construcción de centrales a carbón, que son las que mayor contaminación producen.
MC.- Los mapuches que defienden sus tierras ancestrales son criminalizados con la Ley Antiterrorista, ¿los ecologistas en las ciudades reciben un trato distinto o un maltrato oficial?
PH.- A las organizaciones ecologistas aún no se las ha perseguido con la Ley Antiterrorista, pero sí han sido objeto de represión y descrédito público, fundamentalmente, cuando apoyan a comunidades en conflicto con empresas forestales, o cuando denuncian hechos de depredación y corrupción asociada. Algunos de sus dirigentes han sido encarcelados y objeto de querellas criminales, aunque en general han logrado ser absueltos de las acusaciones que se les han formulado. No existen integrantes de organizaciones ecologistas que hayan sido asesinados, como si lo han sido activistas mapuches.
MC.- ¿Cuál es la situación de los cultivos transgénicos en perjuicio de las tradicionales semillas campesinas?
PH.- En Chile no existe obligación de rotulación ni etiquetado de alimentos que contengan ingredientes transgénicos. En relación cultivos de vegetales transgénicos, si bien no existe autorización para comercializar al interior del país vegetales transgénicos, se permite el cultivo de semillas para la exportación. Estos cultivos comenzaron en Chile el año 1992 y desde el año 2001 existe una resolución del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que permite la internación para su propagación. En este período se han ido aumentando las superficies de semillas transgénicas que se cultivan en Chile llegando actualmente a ser del orden 25.000 a 30.000 hectáreas al año. Sin embargo se desconoce la ubicación de estos semilleros, así como las medidas de bioseguridad y fiscalización que se aplican.
Con el propósito de proteger a otros productores de la contaminación transgénica, un grupo de organizaciones presentó ante el Consejo de la Transparencia, organismo público recién creado a semejanza del existente en México, un requerimiento para saber la ubicación de estos semilleros. Este Consejo determinó que el SAG debía hacer pública esta información. Sin embargo algunas empresas (Monsanto y Von Baer) productoras de transgénicos recurrieron ante la Justicia para no entregar esta información, lo cual ha sido resuelto en días pasados tal como se aprecia en en el informe de la FundaciónTerram
En todo caso, los cultivos transgénicos como el maíz representan una amenaza muy grave a las semillas campesinas, las que corren el riesgo de perderse por contaminación.
Fuente : Mario Cassasús, publicado originalmente en Clarín de Chile
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