David Icke: lo que los activistas deben saber sobre el dinero

David Icke: De Donde Viene el Dinero y como se Produce la Deuda

La solución islandesa

En Islandia, el rescate se hace bajo control ciudadano; en Grecia, mediante arreglines entre gobiernos y bancos

En los albores del movimiento de indignados, se clamaba: "Islandia es la solución!". Ahora, cuando se agrava la crisis financiera y se extreman los recortes sociales en Europa, Islandia crece al 2,3%, ha estabilizado su sistema financiero tras su colapso total en 2008, reducido el paro y relegitimado su sistema político mediante la preparación de una nueva Constitución con amplia participación ciudadana. Todo ello a partir de un movimiento de indignación popular que inició el 11 de octubre de 2008 el cantante Hordur Torfason y fue luego amplificado mediante internet.

Y es que Islandia se había convertido en ejemplo paradigmático de crecimiento basado en la especulación financiera. En 2007 era el quinto país más rico del mundo en renta per cápita, una riqueza generada por la rápida expansión de un sector financiero dominado por tres grandes bancos que alimentaron con crédito fácil la expansión de la demanda interna e incrementaron su capital ficticiamente usando las acciones de cada banco para comprar acciones de los otros y así aumentar su valor. El patrimonio bancario equivalía al 800% del PIB en 2007. Para ocultar sus maniobras crearon empresas en paraísos fiscales, como Luxemburgo, la isla de Man, las islas Vírgenes e incluso Cuba, a través de las cuales usaban sus capitales inflados como colaterales para pedir más préstamos internacionales. No lograron pasar desapercibidos y en 2006 Fitch devaluó la solvencia de Islandia, suscitando una minicrisis. Como reacción el Banco Central dobló sus reservas con un préstamo. Y la Cámara de Comercio contrató académicos prestigiosos como Mishkin, de la Columbia Business School, y Portes, de la London Business School, que certificaron (a cambio de jugosos honorarios) la solidez de las finanzas islandesas. El Gobierno dependía de los bancos que financiaron la campaña electoral del partido en el poder. Y los bancos practicaron la fuga hacia adelante: crearon cuentas de ahorro por internet de alto rendimiento (Icesave) y las popularizaron en el Reino Unido y Holanda. Era un típico esquema piramidal: con lo que cobraban de unos pagaban a los otros mientras durara. Por otro lado, intercambiaron títulos de deuda entre ellos (una práctica conocida como "cartas de amor") y usaron dichos títulos como garantía para obtener préstamos del Banco Central y del Banco Central de Luxemburgo, entre otros. En abril 2008 el FMI advirtió al Gobierno que debía controlar a los bancos. La respuesta fue pedir más préstamos internacionales. En septiembre el Banco Central compró 75% de las acciones del Banco Glitnir. En Islandia la acción del Banco Central tuvo el efecto de destruir la confianza en el sistema financiero: en octubre de 2008 se hundió el valor de las acciones y de los precios inmobiliarios y mucha gente se quedó sin ahorros y sin empleo. Los bancos quebraron.

El pozo parecía sin fondo. Pero ahí intervinieron los ciudadanos. Miles se unieron a Torfason en su protesta ocupando la plaza Austurvollar en enero 2009 cuando el Parlamento volvía de vacaciones (que no interrumpió por la crisis). La cacerolada siguió durante días, pese a la represión policial, forzando la disolución del Parlamento y nuevas elecciones. El partido de gobierno se hundió y una alianza de socialistas y rojos-verdes liderada por Johanna Sigurdardottir llegó al poder. Los tres bancos fueron nacionalizados y reestructurados. Los ahorros de los ciudadanos fueron protegidos por el Gobierno. Pero la decisión sobre las deudas a extranjeros que habían invertido especulativamente fue sometida a referéndum. El 93% de los islandeses votaron no devolver los 5.900 millones de dólares que se debían a inversores ingleses y holandeses. Lo cual obviamente generó un litigio que está ahora en los tribunales. Pero, ¿quién tiene jurisdicción en Islandia sobre la voluntad casi unánime del pueblo islandés? Los economistas de siempre vaticinaron la catástrofe. Nada de eso. La devaluación de la corona islandesa en un 40% (algo que no puede hacer Grecia) espoleó sustancialmente las exportaciones de pesca y aluminio y abarató el turismo al tiempo que limitó las importaciones. El paro descendió al 6,7%. El Gobierno adoptó medidas de austeridad pero apenas disminuyó gastos sociales porque se ahorró el costo que hubiera representado recapitalizar a los bancos. El conjunto de la economía se redimensionó a sus condiciones reales y la gente tiene empleo y ahorros seguros, paga menos en vivienda y no se endeuda porque no le prestan. Los acreedores internacionales podrían recuperar su dinero en la medida en que los bancos vendan patrimonio, pero sin dinero público. Además se establecieron controles para evitar fuga de capitales. Se pidieron responsabilidades al Gobierno anterior y el primer ministro Haarde está siendo juzgado. Se decidió hacer una nueva Constitución abierta a la participación ciudadana. Para ello, en noviembre de 2010 se designó un comité de 25 ciudadanos que supervisara el proceso constitucional. Las reuniones del comité fueron transmitidas por streaming en Facebook. En 2011, usando las redes sociales, miles de personas hicieron propuestas. 950 ciudadanos fueron elegidos al azar para discutir los ejes de la Constitución y informar en tiempo real mediante Twitter. En julio se aprobó un borrador que será debatido en las redes sociales y propuesto a referéndum.

Muchos dudan de la aplicabilidad de la solución islandesa a otros contextos. Sobre todo se desdeña la posibilidad del impago de la deuda exterior por el castigo que infligirían los mercados financieros. Y, sin embargo, se sabe que la deuda griega es impagable. El rescate griego consiste en decidir cómo se reparte el enjuague de esa deuda entre ciudadanos griegos (perdiendo sueldos y pensiones), ciudadanos europeos (que financiamos al BCE y al fondo de estabilización de la UE) y los bancos acreedores. Se trata de impago en Grecia como en Islandia. En un caso bajo control ciudadano, en otro mediante chanchullos entre gobiernos y bancos para ver quién paga qué. El secreto mejor guardado es que la eventual solución griega es la solución islandesa sin transparencia

El supuesto complot de Irán contra Arabia Saudita

El supuesto complot de Irán contra Arabia Saudita parece una historia increíble y poco cierta

A finales de la semana pasada, la administración de EEUU intentó persuadir a todo el mundo de que tuvo argumentos de peso  para declarar que la Guardia Revolucionaria Islámica iraní planeó un atentado contra el embajador de Arabia Saudita en EEUU, Adel Al-Jubeir.

Además de las dudas que deja, la historia con el supuesto complot iraní contra el embajador de Arabia Saudita en Washington provocó reflexiones sobre nuevas guerras hipotéticas en el Oriente Próxmo.

Según el fiscal general de EEUU, Eric Holder, el Tribunal Federal de Nueva York presentó cargos contra dos iraníes por intento de asesinar al embajador saudí por orden de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Uno de ellos, ciudadano naturalizado estadounidense Manssor Arbasiar fue detenido y el otro logró escaparse.

Arbasiar supuestamente buscó el apoyo de miembros de un cartel narcotráfico mexicano para asesinar al embajador saudí y quiso comprar los explosivos en México. Una vez arrestado, Arbasiar se declaró culpable.

Trabajo burdo

El diario estadounidense, The Washington Post, evidentemente está del lado de la administración de Barack Obama. En el periódico apareció una noticia de que al inicio los propios jueces instructores de EEUU estuvieron seguros de que Teherán no pudo actuar tan burdamente. Pero al fin y al cabo resultó que se equivocaron.

El diario The New York Times simpatiza mucho menos con el gabinete de Obama y describe los intentos vanos de la admnistración estadounidense de obligar a todo el mundo a reconocer la veracidad de esta historia.

El periódico británico The Independent es aún más implacable. Según sus analistas, “el complot extraño no concide con la informacón disponible sobre los servicios secretos iraníes”, “parece más a un guión” para una película de acción de mala calidad. Tan sólo falta una mujer hermosa que acompañe al embajador saudí hacia la bomba.

En realdad, parece inverosímil que los organzadores del atentado hicieran una transferencia bancaria de 1,5 millones de dólares de una cuenta ligada con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, pagara este dinero a los miembros de un cartel narcotráfico mexicano que antes nunca cometieron crímenes en el territorio de EEUU, etc.

No hay retorno

Compararemos dos hechos.

Primero: se decidió sacar esta historia a la luz pública a nivel gubernamental. El vicepresidente de EEUU, Joe Biden, anunció en una entrevista con una cadena de televisión que Washington analiza cómo reaccionar frente al presunto complot iraní y aseguró que “todo está sobre la mesa” (con respecto a su posible reacción).

Es decir, la primera potencia mundial acusa a los dirigentes de Irán de la organización del atentado. Sería imposible renunciar de tales palabras.

Segundo: los expertos y medios noticiosos tanto del Oriente Próximo, como de EEUU y Europa no tienen confianza en la versión en la que insiste la administración estadounidense.

Parece que los gobiernos de muchos países también desconfían de estas declaraciones. Una de las casusas de estas dudas consiste en la postura irracional de EEUU respecto a Irán.

Washington regularmente acusaba a Teherán de un amplia gama de pecados y todos se han acostumbrado a esto.

Según la información disponible, los funcionarios de EEUU se ponen en contacto con los diplomáticos en la ONU, sostienen conversaciones telefónicas con altos cargos del Gobierno de varios países e invitan al Departamento de Estado a los embajadores explicándoles que tuvo lugar el complot.

Las autoridades estadounidenses no echan la culpa al presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, sino al máximo líder espiritual de Irán, ayatolá Ali Jamenei.

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, insiste en que son insuficientes las sanciones unilaterales impuestas por EEUU el pasado 11 de octubre. Es necesario ampliarlas, lo que requiere el apoyo internacional.

Lo único que pudo emprender Teherán en esta situación fue dirigir una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, con la solicitud de defender los intereses de la República Islámica.

Pero si los argumentos y pruebas en el “caso de complot” pueden suscitar serias dudas, la indignación de Arabia Saudita es evidente. Las relaciones entre Irán y Arabia Saudita son tensas.

Mientras que continúe la guerra en Libia, un nuevo conflicto bélico a gran escala puede librarse en otra parte del Oriente Próximo.
Recordemos que en las películas de acción, incluidas las de agente supersecreto James Bond, todos los complots deben guardarse en secreto. Por eso los agentes valientes arriesgaron la vida para impedir que la respectiva información saliera a la luz pública.

Y ¿por qué es prohibido? Porque en caso contrario puede estallar una guerra.

Método de provocación

Las maniobras militares y diplomáticas en torno al nuevo conflicto entre Irán y EEUU se iniciarán en un futuro. Entretanto, es evidente que las acusaciones de las autoridades de Estados Unidos contra Irán suscitan dudas aún en el territorio de EEUU.

Es un serio fracaso de la administración de Barack Obama aunque no merece la pena acusar sólo a esta administración. Sus predecesores también desempeñaron un papel imporante.

Hoy en día o en un futuro, una parte de los hechos puede confirmarse. Pero muchos seguirán sin creerlos.

Existen muchas causas para manifestar desconfianza, incluidos los métodos. Por ejemplo, el pasado 11 de octubre, empezó el juicio contra el empresario ruso Víctor Bout, en el Tribunal Federal de Nueva York.

EEUU cree que Bout es el mayor vendedor de armas en todo el mundo así que Irán, según los estadounidenses, es el mayor mal mundial.

Bout fue arrestado en Tailandia en marzo de 2008 por una orden emitida por la justicia estadounidense, que lo acusa de tráfico ilegal de armas, cuando supuestamente intentó vender una partida de armamento a presuntos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal organización guerrillera en ese país latinoamericano, y que, en realidad, eran agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EEUU.

Hoy en día, los presuntos agentes iraníes también fueron provocados por los agentes de la DEA.

El propio método de provocación suscita polémica. Además, la justicia internacional carecerá de confianza durante mucho tiempo. Se cree que esta justicia tan sólo defiende los intereses políticos de varios Estados. Y el presunto complot contra embajador saudí es un buen ejemplo de esto. 

Chile: Exxon y el negocio del cobre

Durante 23 años remesó a su casa matriz una cantidad cercana a los 3.000 millones de dólares, nunca pagaron impuesto alguno, pues declaraban pérdidas, demandaron al Fisco chileno 'por daños' logrando su propósito.
La mega empresa estadounidense Exxon demandó al Estado chileno -representado por Enami- de ejercer oposición en la venta de la Disputada de Las Condes a la sudafricana Anglo American en 1.300 millones de dólares.
El vicepresidente de la compañía, Harry Longwell, luego de entrevistarse con funcionarios al más alto nivel gubernamental, parece haber logrado un acuerdo que revierta la situación según la cual la transnacional se hubiese encontrado en la obligación de pagar al Fisco la suma de 300 millones de dólares en impuestos por la transacción. En lugar de ello, Exxon reclamó a Enami una indemnización de 7 millones de dólares por daños, alegando que la situación generada hubiese podido hacer fracasar la venta. 


Sabrosos negocios a costas del Estado


El alegato de la compañía norteamericana se convirtió en el paradigma de una práctica desarrolada durante todos los años en los que tuvo bajo su control la mina Disputada de las Condes, en los que no pagó un solo dólar por impuesto sobre las ganancias al Fisco chileno, porque en cada uno de sus balances anuales presentó pérdidas contables. Con la complicidad de un estado que mira para otro lado, a la hora de defender sus intereses y los que presionan son empresas extranjeras.

Durante las dos décadas de explotación, el yacimiento produjo cerca de 5 millones de toneladas de cobre fino, equivalentes a 6.000 millones de dólares. El economista y ex gerente general de Codelco Orlando Caputo, en un estudio realizado en junio de este año, afirma que en términos reales la Exxon acumuló alrededor de los 3.000 millones de dólares y realizó inversiones por 1.500 millones, las que multiplicó y se llevó sin traba alguna.

 Exxon compró los derechos de Disputada a Enami en 1978 por 1.200 millones de dólares. Luego aportó un capital de 188 millones de dólares, más otros aportes como créditos asociados. Posteriormente, el mismo año, los derechos de inversión extranjera fueron cedidos por Exxon Mineral Chile Inc. a Exxon Overseas Investment Corporation, que remesó los mismos 188 millones de dólares de aporte de capital. A la fecha, los créditos asociados acumulaban ingresos por 861 millones de dólares, más 424 millones de dólares por amortizaciones e intereses, de modo que en pocos meses Exxon había remesado el aporte original más amortizaciones a intereses correspondientes a la mitad de los créditos asociados. 


Oscuros malabares transaccionales

Once años más tarde, en 1989, el monto total de los créditos asociados alcanzaba a 1.437 millones de dólares, el monto total de amortizaciones superaba los mil millones de dólares, y los intereses llegaban a 587 millones de dólares. De este modo, Exxon se había remitido a sí misma una suma superior a los recursos ingresados como aporte de capital y créditos asociados.

 También hubo otros aportes, como el de la filial Exxon Holding Latin America Limited, que en 1999 presentó solicitó autorización para un aporte de capital por 184 millones de dólares. Autorizada esta operación mediante el contrato de inversión extranjera, a su amparo se realizaron aportes por más de 169 millones de dólares bajo la modalidad de capitalización de utilidades provenientes de Esso Chile Petrolera Ltda., con lo que Esso Chile aprovechó el mecanismo para sacar utilidades de Chile mediante la empresa minera, evadiendo el correspondiente pago de impuestos.

La operación se reeditó pocos meses más tarde, esta vez desde la Exxon Financial Services Company Limited, domiciliada en Bahamas, y que presentó otra solicitud de inversión extranjera, ahora por 317 millones de dólares, la que se efectivizó bajo la modalidad de 'divisas provenientes del exterior'.

Datos aportados por el estudio de Caputo caracteriza a la Disputada como 'exportadora de dólares', porque mientras el incremento de capital y reservas registrados a diciembre de 1982 alcanzaba a 76 millones de dólares, la deuda de la compañía con acreedores del exterior sumaba 348,5 millones de dólares, con la particularidad de que la totalidad de estos préstamos había sido otorgada por Exxon Overseas Service Ltd., de modo que los 50,2 millones de dólares que en Exxon Minerals Chile Inc. aparecen como gastos en 1982, en la misma fecha figuran como ingreso en Exxon Overseas Service Ltd. Como sacarse el dinero de un bolsillo para guardarlo en el otro, aunque con el respaldo establecido en el contrato firmado con el Estado de Chile, el que 'autoriza por este acto a Exxon Minerals Inc. y a Disputada para traer a Chile los préstamos que fueran necesarios o deseables para este propósito como parte del aporte de capital autorizado y destinado al financiamiento del proyecto', agregando que los préstamos 'podrán obtenerse de instituciones bancarias o financieras extranjeras o internacionales, incluyendo una institución financiera de Exxon Corporation o de otros inversionistas, como también de créditos otorgados a Disputada de las Condes por Exxon Corporation', créditos que son a las claras auto préstamos. 'Dichos préstamos no serán considerados como capital de Disputada para los fines de impuesto a la renta y Disputada tendrá derecho a remitir todos los fondos requeridos para el servicio de dichos préstamos en la forma aprobada'.

Y si la Constitución es un escollo, hay que obviarla.

De acuerdo al estudio Caputo, el cual deduce que la Cia. Disputada de las Condes se adueñó de la renta del recurso minero no renovable, el que se debe fijar en un 20% del precio, lo que en este caso arrojaría la suma de 1.200 millones de dólares. Agrega que según los parámetros normalmente aplicados, entre utilidades y renta Disputada se habría apropiado durante las más de dos décadas de explotación de unos 3.000 millones de dólares y habría dejado de pagar impuestos estimados cercanos a los 600 millones de dólares.

Caputo además marca como un hecho especialmente grave el que la venta de Disputada de las Condes a la Anglo Aremican efectuada por Exxon, pese a cubrirse en la legalidad formal, está transando minerales que, según la Constitución Chilena, son propiedad de todos los chilenos, aprovechando el resquicio legal dejado por la dictadura pinochetista para lograrlo, mediante la ley orgánica constitucional minera, cuyo objetico, sin lugar a dudas es permitir, lisa y llanamente, la apropiación de los recursos naturales por la empresa privada mediante el sistema de 'concesión plena', con la cual se opone el artículo 19 Nº24, inciso sexto de la Constitución Política vigente, que determina que 'el Estado tiene dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible' de todas las minas existentes en el territorio chileno.

 A punto de concretarse el 'Gran Negocio'

Se ha dado a conocer que el Comité de Inversiones Extranjeras, presidido por el ministro de Economía subrogante, Felipe Sandoval, ha aprobado la solicitud que presentó la subsidiaria de Anglo American, Clarent Limited, para ingresar recursos a Chile de acuerdo a las normas del Decreto Ley 600.

 El monto autorizado asciende a 1.550 millones de dólares, los cuales podrán ser materializados en un plazo, nada menos que de ocho años. De estos recursos, 1.300 millones de dólares serán destinados a la compra de la Compañía Minera Disputada de Las Condes a Exxon Mobil, con lo cual el 'Gran Negocio' para la multinacional está concretado.

 El resto de la inversión estaría destinado a proyectos adicionales que tengan que concretar en la minera, tomando en cuenta el amplio plazo otorgado para totalizar el ingreso del resto de la 'inversión'.

Se está cerrando una nueva expoliación en un país de Latinoamérica, llevado a cabo por una multinacional norteamericana y la complicidad de la clase dirigente. 

Lider ecologista serbio habla claro sobre transgenicos y chemtrails

En este sorprendente video de Serbia, Nikola Aleksic, Director del Movimiento Ecológico de Novi Sad, emite una severa advertencia al presidente Boris Tadic, a detener la importación de alimentos sobre la base de GMO y a detener la pulverización de estelas químicas, o va a realizar la llamada. y personalmente, para conducir al pueblo de Serbia a las calles. Concluye su discurso diciendo: “Usted puede estar seguro de que yo, Nikola Aleksic, mantendré mi palabra; aunque sea a costa de mi propia vida”

Aleksic también implora al ejército serbio a “que defienda a la gente y el cielo de Serbia”, y le dice al pueblo de Serbia, que ahora no es el momento de ser cobardes, que los necesita para defender sus derechos para sí mismos y para sus hijos.
http://www.youtube.com/watch?v=d--SfLneeGo&feature=player_embedded#!

ATENTADO EN OSLO

Cosas que no cuadran con el doble atentado de Oslo y el tiroteo de la isla de Utoya.

Al margen de la información ofrecidad por la morbosidad de los mass media internacionales, si nos paramos a analizar seriamente los datos ofrecidos, los datos que NO SE NOS DAN y los puntos oscuros del doble atentado en Oslo y el tiroteo en la isla de Utoya, podemos llegar a descubrir cosas bastante inusuales, contradictorias y raras como las siguientes:

¿Sabías que muchas de las personas muertas en el tiroteo de la isla de Utoya no murieron tiroteadas por Anders Behring Breivik sino que murieron por hipotermia o ahogados al lanzarse al agua huyendo de su asesino?.

Efectivamente, Anders Behring Breivik no llegó a matar a unas 80 personas como se dice, sino que fueron menos víctimas por bala de las que dicen los medios de des-información. Como el morbo es primordial en este tipo de noticias se han contabilizado las víctimas totales del tiroteo, uniendo los fallecidos por hipotermia y los ahogados que se lanzaron al agua huyendo de Anders Behring Breivik con las víctimas muertas por heridas de bala.

Los medios de des-información nos cuentan que Anders Behring Breivik disponía de un uniforme de policía con el cual se infiltró en la isla de Utoya, pero… ¿Que diablos hace Anders Behring Breivik con un uniforme un uniforme de gala tipo militar, con un traje biológico y  con un traje de buzo de una unidad especial de asalto del ejército noruego?

Examinen a fondo la 1ª fotografía y comparenla con el uniforme oficial de la policía noruega que es este:

El uniforme de Anders Behring Breivik, más bien parece un uniforme militar o en su defecto un uniforme de gala de la policía noruega. Sin embargo, si nos fijamos en el emblema del hombro izquierdo de la calavera blanca con la cruz roja clavada sobre su cráneo, nos dá más la sensación de ser un emblema de una unidad militar de élite. El emblema vuelbe a repetirse en el traje de buzo de Anders Behring Breivik, haciendo que tengamos serserias sospechas de que Anders Behring Breivik perteneció a una unidad de élite del éjército noruego.

En el uniforme de gala se observan condecoraciones militares de alto grado incluidas varias cruces de malta. ¿De donde sacó Anders Behring Breivik esas condecoraciones y porqué los medios de des-información mintieron desde primera hora diciendo que llevaba un uniforme de policía?.

Téngase en cuenta además de que las fotografías de Anders Behring Breivik con uniforme y traje de buzo  y con traje biológico han sido sacadas del manifiesto personal de Anders Behring Breivik  que tanto empeño tienen los medios de des-información en no dar a conocer al público.

 
¿Porqué Anders Behring Breivik aparece vestido de masón tal y como muestran algunas capturas de pantallas de su Facebook y porqué esta fotografía en concreto no ha aparecido hasta ahora en ningún medio de des-información oficial?

Este hecho ha sido descaradamente ignorado y pasado por alto por los medios de des-información oficiales. La fotografía muestra claramente que Anders Behring Breivik pertenecía a una logia masónica como se demuestra por su vestimenta. Además por si fuera poco en varias capturas de pantalla de su Facebook -que fué eliminado apresuradamente por la policía noruega- muestran que una de las aficiones o intereses de Anders Behring Breivik es la masonería.
Anders Behring Breivik pertenece a la logia masónica John Lodge al menos desde 2008, según consta en el Anuario de la Orden Masónica Noruega, siendo masón de grado 3.  
¿Porqué sospechosamente la policía de Oslo llevó acabo ejercicios anti terroristas dos días antes de losatentados? Preguntense porqué siempre antes de un atentado de gran envergadura hay ejercicios antiterroristas pocos días antes del mismo. Este ha sido el caso del 11S, los antentados en Londres y ahora Noruega. No solo los ejercicios antiterroristas fueron llevado a cabo a escasos dos días antes del doble atentado de Oslo sino que la policía no informó a los civiles sobre los ejercicios antiterroristas como se demuestra en el siguiente enlace:
http://chemtrailsevilla.wordpress.com/2011/07/22/la-policia-de-oslo-llevo-a-cabo-ejercicios-antiterroristas-antes-de-los-atentados-del-22-de-julio/
Estas pistas nos llevan a deducir que el doble atentado de Oslo fué preparado de antemano y ejecutado en forma de una Operación de bandera falsa.

Después de estas preguntas, puntos oscuros, contradicciones, información ocultada, etc, llegamos a la clara conclusión de que el doble atentado de Oslo y el tiroteo en la isla de Utoya fueron preparados por el gobierno Noruego con antelación.
Anders Behring Breivik solo es un peón al servicio de las élites mundiales que ha cumplido a la perfección las órdenes dadas por sus superiore, las cuales incluyen el autoinculpamiento como cabeza de turco  por los atentados y el tiroteo.
El resto del trabajo sucio lo están realizando los mass media, con información morbosa, dudosa o que apunta convenientemente a objetivos dentro de la farsa terrorista preideada de antemano: extrema derecha, islamismo radical, Al qaeda, Nazismo, etc, asi que estesen atentos amiguitos, porque el show mediático-desinformativo no ha he hecho sino que empezar y en las próximas fechas irá saliendo mas basura sobre este claro caso de Operación de Falsa bandera.

ATENTADO EN OSLO

ATENTADO EN OSLO, OTRA FALSA BANDERA: 48 HORAS ANTES ESTABAN HACIENDO UN SIMULACRO ANTITERRORTISTA CONTRA UN EDIFICIO INSTITUCIONAL

Al encontrar la noticia de que justo dos dias antes la policia de Oslo estaba haciendo un simulacro de atentado contra un edificio gubernamental no queda ninguna duda.

Simulacro en OSLO

Un poco de memoria : 

Por que las casualidades no existen. O por lo menos no son tan exactas.

- El 11 de Septiembre en Nueva York se estaba realizando justamente un simulacro de atentado con aviones atacando los mismos objetivos que atacaron:http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/proyecto/simulacro/choque/avion/11-S/2001/elpepuint/20020822elpepuint_2/Tes

- El 7 de Julio en Londres se estaba realizando justamente un simulacro de ataque en las mismas estaciones que explotaron las bombas. http://www.11-s.net/simulacros.php

-El 11 de Marzo en Madrid la OTAN acababa de realizar un simulacro de atentado en Europa donde curiosamente morian 200 personas.http://gelochupete.blogspot.com/2011/02/atentado-del-11m-madrid.html

- Y ahora Oslo mmmhhh se las dejo.

Los peligros de la Coca-Cola

 Una lata de Coca-Cola contiene aproximadamente, diez cucharillas de azúcar, que resultan perjudiciales para la salud de los más pequeños. Por esta razón, comenzaron los conflictos entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las grandes transnacionales ligadas al azúcar. En el 2003, la OMS intentaba publicar un informe sobre los peligros del consumo excesivo de azúcar.
Sin embargo, las grandes trasnacionales intentaron impedir la publicación del documento, según denunció la OMS. Asimismo, se informó que la asociación azucarera que incluye a gigantes como Coca Cola y Pepsi, amenazó con presionar al Congreso estadounidense para que elimine los subsidios que le otroga a la OMS, si ésta no retira el documento. La Organización Mundial de la Salud en este momento está trabajando cada vez más sobre el tema de la obesidad y la diabetes. Un informe reciente publicado por la OMS aconseja restringir la venta y la publicidad de gaseosas. Las autoras y autores del informe suponen que hay una relación entre el incremento de enfermedades como la obesidad y la diabetes con el marketing agresivo de las empresas de gaseosas .

La obesidad es una de las enfermedades que afecta a cada vez más gente en los países industrializados, y la tasa de niñas y niños obesos está incrementando rápidamente. En Inglaterra y Escocia por ejemplo la tasa de niñas y niños obsesos entre 4 y 11 años ha incrementado en los últimos 10 años un 2% y un 2.8% respectivamente.

El Acido fosforico

El ácido fosfórico es dañino para el calcio de los huesos y es uno de los mayores contribuyentes al aumento de la osteoporosis. Para transportar el concentrado de Coca Cola, los camiones comerciales deben portar la tarjeta de "Material Peligroso", reservada para materiales altamente corrosivos. Los distribuidores de Coca Cola han estado usándolo para limpiar los motores de sus camiones durante cerca de 20 años.
Muchas han sido las discusiones alrededor de las bebidas de cola con respecto a la salud, muchos argumentos a favor y en contra se han desatado a lo largo de su historia, desde aquellos que dicen que la Coca Cola es medicinal por que “te sube la presión” hasta aquellos que afirman que la Coca Cola produce enfermedades graves. Y el tema de consumo de refrescos de cola en México no es cualquier cosa, México está entre los tres primeros países consumidores de refrescos de cola en el mundo, en más de una ocasión ocupando el primer lugar, y se estima que el consumo promedio anual es de 114 litros por habitante. Pero esto como consumidores, a nuestra salud ¿qué beneficio nos aporta?
Según la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor (AMEDEC), el consumo de los refrescos de cola "constituye la mas grave distorsión de nuestros hábitos de alimentación”. Los refrescos de cola no tienen ningún valor nutritivo, no contienen vitaminas, proteínas ni minerales y sí gran contenido de endulzantes y aditivos como conservadores y colorantes.
Y no solo no alimenta, algunos de sus ingredientes pueden ser nocivos para tu salud. Entre los ingredientes ‘conocidos’ de la misteriosa fórmula secreta Coca Cola se encuentra el ácido fosfórico, utilizado como aditivo, que además de ser uno de los anticorrosivos favoritos de los mecánicos, (utilizado para limpiar motores, defensas, etc), en tu cuerpo provoca desmineralización ósea, esto significa que no permite la adecuada absorción de calcio en el organismo, debilitando los huesos y por tanto incrementándose la posibilidad de tener fracturas. Además, la combinación de este ácido con azúcar refinada y fructuosa dificulta la absorción de hierro, lo que puede generar anemia y mayor facilidad para contraer infecciones, principalmente en niños, ancianos y mujeres embarazadas.

Adicto a la Bebida

Los refrescos de cola contienen una sustancia ‘potencialmente adictiva’, la cafeína, extraída de la nuez de cola, otro de los ingredientes de la famosa fórmula. Esta sustancia, consumida en módicas cantidades (20 mg.) es un estimulante del sistema nervioso que produce sensaciones agradables, pero si se ingiere en cantidades elevadas (400 a 600 mg.) puede provocar insomnio, taquicardia, dolores de cabeza y hasta ataques de ansiedad. Una lata de Coca Cola contiene aproximadamente 50 mg. de cafeína, y si tomamos en cuenta que generalmente una lata “nunca es suficiente” o si pensamos en los envases de más de un litro (que sin duda alguien en algún momento ha tomado completos), la ingestión de cafeína sobrepasa el límite entre lo agradable y lo tóxico, además la cafeína, si se consume en frío, acelera su acción. Esta sustancia es principalmente peligrosa para los niños.

La Coca Cola contiene también gas carbónico que, según la AMEDEC, es un ingrediente que provoca “adicción psicológica”.
El color característico de la Coca Cola se debe a un aditivo llamado e-150, este ha sido asociado con deficiencia de vitamina B6 que es importante para la metabolización de las proteínas y la salud de la sangre, su carencia puede producir anemia, depresión y confusión entre otros síntomas, además de generar hiperactividad y bajo nivel de glucosa en la sangre.Hasta hace poco, la compañía Coca Cola era una de las principales empresas consumidoras de azúcar. Ahora, en lugar de utilizar el azúcar como un ingrediente más de su fórmula, está utilizando alta fructuosa, un jarabe hecho a base de maíz transgénico proveniente de los Estados Unidos esto se da en los países que no prohíben los transgénicos. Esto además de causar graves daños a la industria azucarera, y particularmente a los campesinos cañeros, resulta en perjuicio de los consumidores que ni siquiera saben lo que están comprando y consumiendo. Sí, los refrescos de la marca Coca Cola, como muchos otros productos que utilizan alta fructuosa, contienen transgénicos.
Por si fuera poco, los azúcares que contiene el refresco, paulatinamente van disolviendo el esmalte de los dientes debilitándolos y produciendo caries. Y no solo eso, los azúcares que no logra digerir el organismo, se transforman en grasa, dando como posible consecuencia sobrepeso e incluso problemas de obesidad.
Anteriormente la diabetes estaba asociada a pacientes adultos, pero en el último tiempo se ha visto un aumento de casos de esta enfermedad en niños y adolescentes con exceso de peso. Actualmente existen 22 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso. La diabetes es una enfermedad que afecta principalmente los ojos, riñones, los pies y el corazón
Y para aquellos que creen que este problema se resuelve tomándose una “coca light”, les tenemos otra noticia: hay estudios que señalan que el consumo de sustitutos de azúcar, o azúcar sintética en grandes cantidades, provoca daños cerebrales, pérdida de memoria y confusión mental (según la AMEDEC). La sustancia que provoca estas afecciones se llama aspartamo y sostienen que podría contribuir al desarrollo del Alzheimer. Además, señalaron que los componentes químicos del "aspartamo" tienen otras consecuencias graves por un consumo excesivo, como daños a la retina y al sistema nervioso.
Ya estás enterado de algunas de las consecuencias que puede traer para tu salud tomar Coca Cola... y eso que no conocemos todos los ingredientes, de la famosa “fórmula secreta”.
Coca Cola fue nombrada una de las “10 peores empresas” de 1998 por Multinational Monitor por “llenar a los niños americanos de azúcar y agua de soda”. 

Fuentes:

- Coca Cola: La historia negra de las aguas negras. Primera parte. Boletín Chiapas al día no. 382 CIEPAC www.ciepac.org
- Refrescos de Cola, ¡aguas!, Raúl Serrano. Salud Y Medicina http://www.saludymedicinas.com.mx/
- México campeón. En el consumo de refrescos del Cola, AMEDEC, compilado por Dr. Luis Santos López Jefe del Departamento de Servicios Médicos de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.
- Afirman que Aspartame produce daños cerebrales. Salud Colombia. www.saludcolombia.com/actual/salud39/noveda39.htm
- La diabetes es la peor epidemia en Estados Unidos. CNN en español / Salud http://www.cnnenespanol.com/2003/salud/10/07/diabetes.epidemia.reut/
- La obesidad aumenta el riesgo de diabetes en niños. http://www.pediatraldia.cl/obesid_diabetes.htm
- Investigadores encuentran relación entre obesidad y diabetes en los niños y adolescentes. Dra. Wanda Figueroa Cruz. Salud y nutrición.
- Mather Jones Magazine. Enero, 21 1999. www.geocities.org

HidroAysén, un gran negocio para pocos

En Chile, al parecer, el hacer dinero fácil a costa del medio ambiente es bien visto por el gobierno y los grandes grupos económicos. Un proyecto ideal para un inversionista es aquel que presenta un bajo riesgo, un retorno de la inversión en el corto plazo, una demanda creciente asegurada, bajos costos de operación y una larga vida. Hidroaysén nace bajo esta premisa, siendo una máquina de hacer dinero para inversionistas extranjeros con el apoyo de algunos locales, y creando energía que mayormente será utilizada por empresas mineras, las que también son inversiones extranjeras.

Para los inversionistas, las fortalezas del negocio Hidroaysén es su bajo riesgo. Primero, utiliza una tecnología con más de 130 años de conocimiento, la cual no reviste ningún desafío tecnológico, ni de ingeniería. Por otro lado, estará alimentado por una fuente prácticamente inagotable de agua proveniente de los ríos Baker y Pascua que se caracterizan por presentar caudales abundantes, prácticamente sin variación, los que indirectamente se alimentan de los deshielos de los majestuosos Campos de Hielo Norte y Sur. Por otro lado, las debilidades de este negocio no son muchas, salvo un pequeño detalle ambiental que significa la deforestación directa de 30.000 hectáreas y una cicatriz de torres de alta tensión de 70 metros de altura que cruzarían 2.300 kms. desde la Patagonia, a través de seis parques naciones, 11 reservas nacionales, 26 terrenos prioritarios de conservación, 16 humedales y 32 áreas privadas protegidas, sólo para conectarse con el Sistema Interconectado Central (SIC).

Pero como éste es un negocio de verdad, dentro de la estrategia de inversión se incluye el financiamiento para que algunos personajes claves, pertenecientes tanto al aparato público como al mundo político, puedan burlar la escasa legislación ambiental que existe en el país y extorsionar la mente de los chilenos catalogando a Hidroaysén como la única alternativa sustentable para alcanzar el sueño de un país desarrollado. Lo que por supuesto no es cierto.

Hidroaysén pretende incorporar una potencia de 2.750 MW al Sistema Interconectado Central (SIC), que se extiende entre las regiones de Atacama y Los Lagos. Las centrales tendrían una capacidad de generación media anual de 18.430 GWh, lo que equivale al 35% de lo que Chile consumió el año 2008. Si bien la inversión no es menor, cercana a US$ 3.200 millones, una estimación rápida indica que este negocio es muy rentable y tendrá ventas anuales seguras por unos US$ 2.000 millones ($900 mil millones de pesos), con costos operacionales muy bajos. Si cada chileno pudiera ser inversionista, tendría que invertir $85.000 pesos hoy y recibiría una pensión vitalicia entorno a los $ 40.000 anuales, la cual se heredaría hasta uno o dos generaciones más, porque después de ello las represas se llenan de sedimentos, dejan de operar y el proyecto es desechado. Si fuera posible, la pregunta sería: ¿Cuántos chilenos regalarían la Patagonia para recibir $40 lucas al año? El problema es que ni siquiera nos dejan participar de tan lucrativo negocio, dado que sólo está reservado para unos pocos.

Las alternativas a Hidroaysén

Según estimaciones de Enap, Chile tiene un potencial geotérmico real y viable de 3.350 MW, un 20% más que toda la capacidad de las centrales proyectadas en Aysén. Hace algunos años, la empresa energética estatal se unió a la minera local Antofagasta Minerals, para desarrollar proyectos geotérmicos conjuntos, en busca de aliviar la estrechez energética que vive el país. Sin resultados reales, salvo estudios que confirman que la geotermia si es una alternativa energética, en mayo de este año, Enap vendió a la australiana Origin Energy su participación (40%) de esta empresa, llamada Energía Andina, en poco más de US$ 12 millones de dólares, argumentando que debía enfocarse en su negocios actuales.

Si pensamos que nuestra única empresa estatal dedicada al rubro energético cede a manos de privados y operadores internacionales el desarrollo del potencial geotérmico de nuestro país, a un valor discutible en comparación al aporte potencial de estos recursos, entonces el discurso del gobierno actual de alcanzar el desarrollo potenciando fuentes energéticas renovables se contradice con sus acciones reales.  Caso contrario es el de otros países con potencial geotérmico que si se han tomado en serio el desarrollo de esta energía. Por ejemplo, Indonesia fue centro de atención en 2008 cuando anunció un plan para desarrollar 6.900 MW de capacidad de generación geotérmica (3 veces Hidroaysén). Japón fue uno de los pioneros en este campo y actualmente cuenta con un total de 535 MW de capacidad de generación. En Europa, Islandia es líder indiscutido en la materia gracias a una tierra geológicamente privilegiada para ello, y en estos momentos proyecta vender electricidad producida con energía geotérmica al resto de Europa. Alemania, por su parte, tiene 5 plantas pequeñas de energía geotérmica en funcionamiento y otras 150 en proceso de diseño y construcción. Los alemanes creen que su potencial podría llegar a ser 600 veces superior al consumo de energía actual de ese país.

En cuanto a la energía solar, con los niveles de eficiencia que tiene en la actualidad, si solo se usarán 7.500 hectáreas, menos del 1% de la superficie de la Región de Atacama, podrían generarse del orden de los 3.000 MW de electricidad, cantidad similar a la de Hidroaysén.  En este ámbito, un caso ejemplar es España, quien para el año 2010 se había comprometido a producir el 12% de su energía mediante alternativas renovables. Después de 4 años de desarrollo, España cuenta hoy con 4.200 MW (1,5 veces Hidroaysén) producidos gracias a plantas fotovoltaícas y termosolares. Esto equivale a un 4% de la energía eléctrica consumida por ese país, y a casi el 50% de lo que necesita Chile. El éxito de España demuestra que la energía solar es económicamente viable hoy.

Otra energía que podría completar la matriz energética, pero es escaso lo que se que se hace respecto a ello en nuestro país, es la que se produce a partir de la biomasa. Actualmente, nuestras industrias forestales, vitivinícolas, pisqueras y agrícolas, producen miles de toneladas de biomasa de alta calidad que son desechadas y que podrían ser usadas para producir energía. Así también, la producción de biogas a partir de rellenos sanitarios es otra alternativa real para producir energía. Una tonelada de basura produce entre 150 y 200 M³ de gas, con un contenido de metano que oscila entre el 50 y el 60 por ciento. El metano, 22 veces más dañino que el CO2 para el “calentamiento global”, puede ser usado para generar energía eléctrica. Para esto se transforma en CO2, con el consecuente beneficio ambiental.

Por último, existe la energía mareomotriz que hace referencia al potencial energético contenido por los océanos. Esta energía está desarrollándose aún, y no precisamente en Chile, pero ya existen casos exitosos. En el futuro el país podría emplearla en sus más de 4.000 kms de costa. Un ejemplo fácil es el canal de Chacao que, producto de la variación de las mareas, posee corrientes que alcanzan los 8 nudos. Si se hace la analogía con una turbina eólica, esta fuerza generaría 300 veces más energía que la producida por el viento en un motor de similares características.

Estas alternativas para Chile son viables, pero acá la energía es un gran negocio corporativo donde son pocos los beneficiados y, por definición, las ganancias no son para los chilenos, sino al contrario nosotros somos los que pagamos la cuenta de la luz, una de las más caras del mundo. Lo peor es que estamos en manos de accionistas internacionales que exigen rentabilidad, grupos económicos locales que buscan más poder y operadores políticos que literalmente están vendiendo la patria, permitiendo la violación ambiental, y traicionando en lo más profundo a quienes creen en la democracia chilena y votaron ya sea por el gobierno anterior o por “la nueva forma de gobernar”. Queda claro que Hidroaysén es un negocio de ejecutivos y políticos sentados en sillones de Santiago, Madrid y Roma, sin consciencia ecológica, obsesionados por el dinero fácil para sus empresitas, cuyo método más efectivo es internalizar los beneficios y socializar las pérdidas.

LOS NEGOCIOS CON HIDROAYSÉN Y ENDESA

En sólo 20 nombres se concentra la propiedad de 8 millones de hectáreas, el 50% de la superficie minera concesionada en Chile. CIPER investigó el ranking y descubrió que junto a los gigantes del rubro –Soquimich, Antofagasta Minerals, BHP, Barrick- figuran personas naturales que no son sus verdaderos dueños y que obstruyen ese mercado. Y están también los que han acaparado para hacer negocio con empresas eléctricas, como HidroAysén o Endesa, en una estrategia clave para sus proyectos de expansión. Una de ellas es María Teresa Cañas Pinochet y su sorprendente cartera de inversiones.
 Catherine Pastén está lejos de ser millonaria o profesional de la minería.
Es dueña de casa, tiene 36 años y vive en una población de Copiapó.
No registra bienes raíces a su nombre, pero es una gigante del rubro minero, de acuerdo al registro de propietarios de concesiones para exploración que publica el Sernageomin. Catherine tiene 180 mil hectáreas inscritas a su nombre.
Una superficie equivalente a la ciudad de La Serena.
Un poco más abajo figura Roberto Torres, un dibujante técnico de la Cuarta Región cuyas 110 mil hectáreas lo ubican en el lugar 20 del ranking, justo detrás de la Compañía Doña Inés de Collahuasi, que en 2010 obtuvo utilidades por US$2.040 millones.
Sólo 20 nombres se reparten 8 millones de hectáreas, el 50% de la superficie minera concesionada de Chile. Junto a la estatal Codelco, aparecen Soquimich, cuyo controlador principal es Julio Ponce Lerou; la Compañía Minera del Pacífico, del grupo CAP (De Andraca-Von Appen); Antofagasta Minerals (Grupo Luksic) y las multinacionales BHP, AngloAmerican y Barrick. Una nómina en la que también figura Catherine Pastén, Roberto Torres, Pablo Mir y María Teresa Cañas Pinochet, entre otros.
La nómina no hace más que confirmar que el mercado de la minería en Chile, al igual que el de las Isapres, farmacias, AFP y el retail, está concentrado en pocas manos. Un ranking cuyos titulares no varían. Pero sí esconde sorpresas. CIPER investigó y descubrió algunas de ellas.
En teoría, un titular de hectáreas de exploración minera busca vetas para en algún momento explotar un yacimiento. Para ello deberá hacer sondajes (como los que se ejecutaron para rescatar a los 33 mineros de la mina San José), y otros trabajos que fácilmente demandarán una inversión de un millón de dólares. Además, deberá pagar una patente anual por la concesión: $800 por hectárea para la exploración y $4.000 por hectárea para la explotación.
En 2010, Catherine debió haber cancelado más de $145 millones en patentes por las 180.000 hectáreas de exploración que posee. Catherine no tenía ese dinero. Tampoco Roberto Torres. Pero las patentes se pagaron.
La primera vez que CIPER contactó a Catherine Pastén, respondió al teléfono desde su casa en Copiapó. Afirmó que en realidad esas concesiones no eran de su propiedad, sino de la minera Kinross, la tercera productora mundial de oro: una compañía canadiense que en 2010 registró una utilidad neta de US$121,6 millones.
“Yo solo firmé unos papeles, pero no me pagan”, dijo Catherine. Y lo justificó como una suerte de “paleteada” a dicha empresa. “No sé si puedo hablar de eso”, agregó.
El abogado Andrés Verdugo, ex fiscal de Enami hasta mayo de 2003 y actual vicepresidente de Kinross en Chile, negó cualquier nexo con Catherine. “La gente de propiedad minera me reporta a mí y no conozco a ninguna Catherine Pastén. Ella no inscribe propiedad a nuestro nombre. Lo desmiento categóricamente”, señaló a CIPER.
Tras hablar con Verdugo, llamamos nuevamente a Catherine. “No tengo nada que ver con ninguna empresa minera”, dijo. Lo cierto es que sí tiene un nexo con dicha empresa: su marido, Oscar Flores, trabaja en el área de propiedad minera de Kinross, en Copiapó. Así lo confirmaron a CIPER en la propia empresa.
En cambio, sin reparos, Roberto Torres contó que la minera para la cual trabaja, la canadiense Polar Mining, por “una cuestión estratégica” le pidió que solicitara hectáreas de exploración a su nombre para luego traspasarlas a la compañía.
-Es una estrategia para expandirnos sin tener problemas. Somos una empresa chica, y cuando una empresa pide propiedad minera, inmediatamente otros la rodean -explicó.

EL MÁS RÁPIDO GANA
Las mineras canadienses no son las únicas que acuden a personas naturales para inscribir propiedad minera. Entre 2007 y 2008, Carla Araya, abogada de Antofagasta Minerals, registró más de 200 mil hectáreas a su nombre. Y Jesús Rojas Patiño, abogado de la minera Pucobre (Grupo Hurtado, accionistas de Entel y del Consorcio Financiero), posee en la actualidad casi 170 mil hectáreas (número 10 del ranking de exploración).
Carla Araya hoy está en Estados Unidos. Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, explicó a CIPER la lógica detrás del uso de terceros:
-En esto tienes que ser rápido, porque el primero que pide una concesión tiene la preferencia para explotar. Habitualmente se solicita la propiedad a nombre de los abogados, y después se hace la transferencia a la compañía -aclaró.
El problema es que frecuentemente los traspasos tardan mucho tiempo en concretarse. Según la información del Sernageomin, en los últimos tres años el abogado Jesús Rojas ha mantenido a su nombre cientos de miles de hectáreas mineras. También ocurre que la empresa cambia al funcionario que aparecía como titular. Así lo hizo Antofagasta Minerals. Cuando Carla Araya traspasó sus concesiones, surgió otro top en el ranking: el dibujante técnico Mario Araya, con poco más de 122 mil hectáreas, empleado de la misma empresa.

Un abogado experto en derecho minero que pide reserva, señala:
-Esto es un abuso del derecho. En los salmones, por ejemplo, para solicitar una concesión acuícola, si eres empresa, debes estar dotado del giro y además tienes un plazo para iniciar actividades. Si no lo haces, te las caducan, porque estás bloqueando un espacio que podrían ocupar otros. Pero también hay un tema tributario, porque a la señora o el señor X se le debe preguntar de dónde sacó el dinero para pagar sus patentes. Y si además luego le transfieren esa propiedad a la empresa, hay un precio, una transacción, y debiese haber un pago tributario de por medio. Esto revela una vez más que en la minería el área tributaria es una caja negra.
Tanto Catherine Pastén como Roberto Torres afirman que no recibieron pagos por prestar su nombre para estas inscripciones. En Impuestos Internos corroboran que el uso de personas naturales por las empresas para inscribir propiedad es una práctica del rubro. Y agregan: pero mientras no se produzca una renta con el traspaso de propiedad no hay problemas impositivos.

TERRITORIO OCUPADO
La acumulación de propiedad minera en unos pocos tiene consecuencias directas en un mercado clave para Chile en los próximos 20 años. En las regiones del Norte, por ejemplo, prácticamente no hay espacios libres para que nuevas empresas realicen exploración de yacimientos. Según estudios de Cochilco, el 70% de la superficie de la Región de Tarapacá está otorgada en concesiones mineras, el 69% de la Región Antofagasta, el 70% de la Región de Atacama y el 58% de la Región de Coquimbo.
En Canadá, también país minero, ocurre lo contrario: la mayor parte de su territorio está libre para que las empresas de exploración (básicamente medianas) hagan su trabajo. Lo mismo pasa en México, Argentina, Perú y Australia. En Chile, es al revés, las grandes empresas acumulan por años miles de hectáreas, explorando y explotando apenas un porcentaje.
En los países donde funciona el mercado y se fomenta la libre competencia, dice un abogado del rubro, se dan “’permisos de exploración por un tiempo fijo, de manera que si por cualquier motivo una compañía dilata la exploración, deje el terreno libre a otra empresa”.
Según los cálculos de José Joaquín Jara, del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), en 2009 se habían constituido en Chile concesiones de explotación por más de 10 millones de hectáreas, pero se explotaba menos del 10%: entre 600 mil y 800 mil hectáreas. Entre las empresas que acumulan la mayor superficie, destaca Soquimich: registra más del 20% de las concesiones de explotación y el 7% de las de exploración.
-Eso es codicia. Es tener derechos en todas partes -reflexiona la abogada Laura Novoa, una de las mayores expertas en derecho minero.

LA BICICLETA
Según la Ley Minera, las concesiones mineras duran dos años y son renovables por otros dos, pero sólo por la mitad de la superficie. La idea es justamente que las compañías exploren y dejen a otros hacerlo. La abogada Laura Novoa, asesora de empresas mineras, tiene claro cómo operan las grandes compañías para acumular sin soltar.
A través de abogados o palos blancos, en los últimos 20 años han solicitado cientos de concesiones de exploración. Y las mantienen en su poder. ¿Cómo? Presentando solicitudes de concesión sucesivamente, por exactamente la misma superficie pero bautizando la propiedad cada vez con un nombre distinto, lo que deriva en una nueva sentencia judicial. Y así, religiosamente, cada dos años. Una bicicleta que requiere dinero para su mantención.
-Por como está concebido el sistema, se presta para este tipo de maniobras a las cuales son muy adictos los abogados, los técnicos y los mineros -resume la abogada Novoa.

LA PECULIARIDAD DE CAÑAS
Otra consecuencia de este modelo ha sido el surgimiento de los llamados “mineros de papel”: personas que adquieren concesiones mineras no para explotar, sino para negociar sus derechos con grandes empresas, que no necesariamente son mineras. Porque la concesión da derechos sobre el subsuelo de un terreno, lo que finalmente determina el valor de una propiedad y la viabilidad de distintos proyectos.
Por ejemplo, para una empresa eléctrica que proyecta instalar una central en una zona agrícola, una empresa inmobiliaria que busca construir un condominio o la concesionaria de una nueva autopista, resulta clave poseer esas concesiones para evitarse sorpresas. Así, una empresa eléctrica al mismo tiempo que diseña su trazado, buscará ser titular de las concesiones alrededor de dicha superficie.
La ingeniera químico María Teresa Cañas Pinochet, sobrina de Augusto Pinochet, es experta en ese negocio. En 1980, Pinochet la nombró presidenta del directorio del Instituto de Investigaciones Geológicas, que al año siguiente se convirtió en el Sernageomin. Y la mantuvo al mando hasta el final del régimen (1990). A su marido, Jorge Iván de la Barra Valle, lo nombró vicepresidente del Banco Central el 31 de diciembre de 1981.
Al retornar la democracia, Cañas Pinochet y de la Barra crearon la sociedad “María Teresa Cañas y Compañía Limitada”, para asesorar, evaluar y realizar inversiones mineras, entre otras. Además, constituyeron una decena de otras sociedades, entre las cuales destacan tres vinculadas al rubro: Sosmin Limitada (Sondajes y Servicios para la Minería); Compañía Minera Iri Chile y Minera Oro Andino (1995). En esta última Cañas aporta la “obtención de propiedades mineras”. En paralelo, Cañas ejercía como “perito mensurador minero”, el profesional que la Ley Minera exige para solicitar concesiones (designada por Aylwin, 1993; y Lagos, 2006).
Actualmente, Cañas y dos de sus hijos, Jorge y Andrea de la Barra, figuran entre los mayores propietarios de concesiones mineras. Cuando se digita el Rut de María Teresa Cañas en el catastro del Sernageomin, la imagen es elocuente: (http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/PANTALLAZO-MARIA-TERESA-CAÑAS-PINOCHET.pdf )exhibe propiedades en 6 de las 15 regiones de Chile. ¿Quiénes son sus clientes? Básicamente empresas eléctricas, como HidroAysén, Endesa y Transelec.
La ONG Geoaustral contabilizó las solicitudes mineras de la empresa de Cañas en representación de Endesa: sólo en la provincia de Llanquihue (Décima Región), figuran 500, de entre 200 y 300 hectáreas cada una.
El representante de Geoaustral, Mauricio Fierro, explicó:
-Endesa es dueña de los ríos más importantes del sur. Para poder asegurar las áreas de inundación de cada una de sus centrales, lo que hace es tratar de bajar el valor de la tierra para luego tomar su control. ¿Cómo? A través de la Ley Minera. Como por estatutos corporativos Endesa no puede hacer los pedimentos mineros directamente, lo hace a través de María Teresa Cañas.
Cañas suma otro centenar de solicitudes por encargo de HidroAysén. Lo anterior fue revelado en 2006 por el abogado Álvaro Varela, en representación de 15 ganaderos de Aysén. “Por la vía de solicitar la concesión minera esa empresa está gravando los campos que ella misma va a inundar, y con eso estos tienen un menor valor”, reclama Varela.
En HidroAysén afirman que no tienen otra alternativa: “Las empresas que desarrollan proyectos de infraestructura deben contratar consultores con experiencia en la tramitación de concesiones mineras. Ello, con el objeto de proteger sus desarrollos de especuladores que abusan y, en algunos casos, extorsionan a los titulares de proyectos legítimos”, afirmó a CIPER, Camilo Charme, gerente legal del megaproyecto HidroAysén.
-Si estuviésemos en una región minera, podría creer lo de la especulación, pues allí hay una fuerte disputa por la propiedad. Pero aquí eso no existe. Ellos están especulando con la especulación, pues su objetivo es afectar terrenos que ellos mismos van a tener que comprar y por esa vía bajarles el precio -refuta Álvaro Varela.
En los últimos 30 años, el matrimonio Cañas de la Barra ha diversificado sus inversiones a través de otras sociedades pesqueras, agrícolas, madereras y de inversiones. Entre sus emprendimientos, llama la atención la sociedad South Pacific Fishing, constituida por Jorge de la Barra en sociedad con Manuel Losada Martínez, el empresario porteño que en 2009 fue condenado como autor del delito de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes (“Operación Océano”). La investigación judicial estableció que dineros del Cartel de Cali fueron traspasados a la South Pacific Fishing.

LA LEY CUESTIONADA
En los últimos cuatro años han surgido voces exigiendo cambios drásticos al mercado minero para garantizar mayor competencia. Un giro que sólo puede materializarse con una reforma a la Constitución y uno de sus cimientos: el derecho de propiedad. La Ley Minera fue creación de José Piñera, hermano del Presidente, a comienzos de los ‘80. Su gran objetivo lo explica el propio Piñera, en su página web del Cato Institute.
“El desafío para 1981 era elaborar una legislación de rango constitucional que asegurara derechos sólidos de propiedad en el emblemático y potencialmente rico sector minero (…) Para los inversionistas privados este aspecto era de gran importancia dada la historia de confiscaciones en los países con recursos naturales, y especialmente la experiencia de 1971 en Chile”, explica.
A propósito de los 20 años de la Ley Minera (octubre 2002), José Piñera afirmó: “quiero destacar que durante los tres gobiernos posteriores a aquel en que se dictó esta ley, pese a la injusta campaña en su contra (…) no se ha pretendido cambiar ni siquiera una coma de la Ley Constitucional Minera”.
En la oposición a cualquier cambio a la normativa, se alinean el Consejo Minero, que agrupa a las grandes empresas del rubro; la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y los abogados cerebros del Código Minero: Juan Luis Ossa, actual asesor del ministro Golborne y Samuel Lira, ex ministro de minería de Pinochet, quien participó en la elaboración y dictación del Código de Minería en 1983.

UN ABOGADO ENTRE GIGANTES

Otro profesional que acumula miles de hectáreas de propiedad minera de exploración, es Pablo Mir Balmaceda, socio del estudio Bofill, Mir & Álvarez Jana y uno de los más destacados abogados mineros en Chile, según el ranking Chambers. De acuerdo a la nómina de Sernageomin, en 2007 estaba en el séptimo lugar, con 213.500 hectáreas, apenas tres puestos más atrás que el gigante Soquimich. En 2010, pasó al lugar 13, con 157.700 hectáreas, casi la mitad de las que posee el poderoso grupo Luksic a través de su holding Antofagasta Minerals.

-¿Por qué aparezco con muchas propiedades mineras? Básicamente por dos razones: una es que tengo clientes extranjeros que quieren asegurar determinadas zonas para explorar, pero como formalmente no están constituidos en Chile, piden la concesión a nombre mío. Como en esta cuestión de los minerales, el primero que llega gana…Otra situación que se da mucho tiene que ver con un tema estratégico. Muchas compañías no quieren que se sepa que son ellos los que están en determinado lugar –explicó a CIPER.
El abogado Mir ha constituido decenas de sociedades mineras desde mediados de los ‘90, en conjunto con su ex socio Michael Grasty (abogado y socio fundador del estudio Grasty Quintana Majlis & Cia, ex presidente de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, Amcham); y con Octavio Bofill, con quien comparte participación en el bufete Bofill, Mir & Álvarez Jana.
Sus clientes son básicamente empresas extranjeras: las canadienses Iron Creek, Atacama Minerals, Coro Mining Corp y la brasileña Vale do Río Doce (para la cual formó la sociedad Compañía Minera Latinoamericana Ltda. en Chile). También tiene negocios con los peruanos del holding Hochschild. En total, alrededor de 15 compañías, que el abogado prefiere no identificar.
En general, la figura con la que trabaja Mir es la siguiente: constituye en Chile sociedades con empresas interesadas en realizar exploración o explotación minera. En la mayoría de los casos, se trata de compañías extranjeras cuyo domicilio está registrado en paraísos fiscales, como Aruba, Las Islas Vírgenes Británicas o Antigua, donde no pagan impuestos, o pagan muy poco.
Por ejemplo, en junio de 2003, Mir y Tombstone Aruba crearon la sociedad de responsabilidad limitada “Compañía Minera Mena Resources”. Luego, esta sociedad se transforma, cede derechos, se crean nuevas firmas o las divide:
un organigrama que queda registrado en el Diario Oficial.
Es lo que ocurre con Mena Resources: en abril de 2008, Tombstone Aruba, con domicilio en Aruba, cedió sus derechos a la sociedad Iron Creek Chile (minera canadiense), cuyo domicilio está registrado en las Islas Vírgenes Británicas. Luego, en febrero de 2011, Mena Resources, que ya poseía un capital de $1.036.994.734, fue dividida en dos nuevas razones sociales. La misma matriz se siguió para constituir Minera Cielo Azul Limitada y Latin American Cooper Chile.
-Yo jamás he invertido en propiedades mineras. He invertido en acciones de compañías mineras, pero propiedades mías… Por cosas que sé, por mi experiencia profesional, puedo llegar a la Bolsa y agarrar un palo blanco, ver cierta información, pero es un tema en el que he sido súper riguroso. Sé que hay otros abogados que participan en el negocio, yo jamás. Y llevo veintitantos años en esto -aseguró.

LOS NEGOCIOS CON HIDROAYSÉN Y ENDESA

En sólo 20 nombres se concentra la propiedad de 8 millones de hectáreas, el 50% de la superficie minera concesionada en Chile. CIPER investigó el ranking y descubrió que junto a los gigantes del rubro –Soquimich, Antofagasta Minerals, BHP, Barrick- figuran personas naturales que no son sus verdaderos dueños y que obstruyen ese mercado. Y están también los que han acaparado para hacer negocio con empresas eléctricas, como HidroAysén o Endesa, en una estrategia clave para sus proyectos de expansión. Una de ellas es María Teresa Cañas Pinochet y su sorprendente cartera de inversiones.
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Catherine Pastén está lejos de ser millonaria o profesional de la minería.
Es dueña de casa, tiene 36 años y vive en una población de Copiapó.
No registra bienes raíces a su nombre, pero es una gigante del rubro minero, de acuerdo al registro de propietarios de concesiones para exploración que publica el Sernageomin. Catherine tiene 180 mil hectáreas inscritas a su nombre.
Una superficie equivalente a la ciudad de La Serena.
Un poco más abajo figura Roberto Torres, un dibujante técnico de la Cuarta Región cuyas 110 mil hectáreas lo ubican en el lugar 20 del ranking, justo detrás de la Compañía Doña Inés de Collahuasi, que en 2010 obtuvo utilidades por US$2.040 millones.
Sólo 20 nombres se reparten 8 millones de hectáreas, el 50% de la superficie minera concesionada de Chile. Junto a la estatal Codelco, aparecen Soquimich, cuyo controlador principal es Julio Ponce Lerou; la Compañía Minera del Pacífico, del grupo CAP (De Andraca-Von Appen); Antofagasta Minerals (Grupo Luksic) y las multinacionales BHP, AngloAmerican y Barrick. Una nómina en la que también figura Catherine Pastén, Roberto Torres, Pablo Mir y María Teresa Cañas Pinochet, entre otros.
La nómina no hace más que confirmar que el mercado de la minería en Chile, al igual que el de las Isapres, farmacias, AFP y el retail, está concentrado en pocas manos. Un ranking cuyos titulares no varían. Pero sí esconde sorpresas. CIPER investigó y descubrió algunas de ellas.
En teoría, un titular de hectáreas de exploración minera busca vetas para en algún momento explotar un yacimiento. Para ello deberá hacer sondajes (como los que se ejecutaron para rescatar a los 33 mineros de la mina San José), y otros trabajos que fácilmente demandarán una inversión de un millón de dólares. Además, deberá pagar una patente anual por la concesión: $800 por hectárea para la exploración y $4.000 por hectárea para la explotación.
En 2010, Catherine debió haber cancelado más de $145 millones en patentes por las 180.000 hectáreas de exploración que posee. Catherine no tenía ese dinero. Tampoco Roberto Torres. Pero las patentes se pagaron.
La primera vez que CIPER contactó a Catherine Pastén, respondió al teléfono desde su casa en Copiapó. Afirmó que en realidad esas concesiones no eran de su propiedad, sino de la minera Kinross, la tercera productora mundial de oro: una compañía canadiense que en 2010 registró una utilidad neta de US$121,6 millones.
“Yo solo firmé unos papeles, pero no me pagan”, dijo Catherine. Y lo justificó como una suerte de “paleteada” a dicha empresa. “No sé si puedo hablar de eso”, agregó.
El abogado Andrés Verdugo, ex fiscal de Enami hasta mayo de 2003 y actual vicepresidente de Kinross en Chile, negó cualquier nexo con Catherine. “La gente de propiedad minera me reporta a mí y no conozco a ninguna Catherine Pastén. Ella no inscribe propiedad a nuestro nombre. Lo desmiento categóricamente”, señaló a CIPER.
Tras hablar con Verdugo, llamamos nuevamente a Catherine. “No tengo nada que ver con ninguna empresa minera”, dijo. Lo cierto es que sí tiene un nexo con dicha empresa: su marido, Oscar Flores, trabaja en el área de propiedad minera de Kinross, en Copiapó. Así lo confirmaron a CIPER en la propia empresa.
En cambio, sin reparos, Roberto Torres contó que la minera para la cual trabaja, la canadiense Polar Mining, por “una cuestión estratégica” le pidió que solicitara hectáreas de exploración a su nombre para luego traspasarlas a la compañía.
-Es una estrategia para expandirnos sin tener problemas. Somos una empresa chica, y cuando una empresa pide propiedad minera, inmediatamente otros la rodean -explicó.

EL MÁS RÁPIDO GANA
Las mineras canadienses no son las únicas que acuden a personas naturales para inscribir propiedad minera. Entre 2007 y 2008, Carla Araya, abogada de Antofagasta Minerals, registró más de 200 mil hectáreas a su nombre. Y Jesús Rojas Patiño, abogado de la minera Pucobre (Grupo Hurtado, accionistas de Entel y del Consorcio Financiero), posee en la actualidad casi 170 mil hectáreas (número 10 del ranking de exploración).
Carla Araya hoy está en Estados Unidos. Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, explicó a CIPER la lógica detrás del uso de terceros:
-En esto tienes que ser rápido, porque el primero que pide una concesión tiene la preferencia para explotar. Habitualmente se solicita la propiedad a nombre de los abogados, y después se hace la transferencia a la compañía -aclaró.
El problema es que frecuentemente los traspasos tardan mucho tiempo en concretarse. Según la información del Sernageomin, en los últimos tres años el abogado Jesús Rojas ha mantenido a su nombre cientos de miles de hectáreas mineras. También ocurre que la empresa cambia al funcionario que aparecía como titular. Así lo hizo Antofagasta Minerals. Cuando Carla Araya traspasó sus concesiones, surgió otro top en el ranking: el dibujante técnico Mario Araya, con poco más de 122 mil hectáreas, empleado de la misma empresa.
Un abogado experto en derecho minero que pide reserva, señala:
-Esto es un abuso del derecho. En los salmones, por ejemplo, para solicitar una concesión acuícola, si eres empresa, debes estar dotado del giro y además tienes un plazo para iniciar actividades. Si no lo haces, te las caducan, porque estás bloqueando un espacio que podrían ocupar otros. Pero también hay un tema tributario, porque a la señora o el señor X se le debe preguntar de dónde sacó el dinero para pagar sus patentes. Y si además luego le transfieren esa propiedad a la empresa, hay un precio, una transacción, y debiese haber un pago tributario de por medio. Esto revela una vez más que en la minería el área tributaria es una caja negra.
Tanto Catherine Pastén como Roberto Torres afirman que no recibieron pagos por prestar su nombre para estas inscripciones. En Impuestos Internos corroboran que el uso de personas naturales por las empresas para inscribir propiedad es una práctica del rubro. Y agregan: pero mientras no se produzca una renta con el traspaso de propiedad no hay problemas impositivos.

TERRITORIO OCUPADO
La acumulación de propiedad minera en unos pocos tiene consecuencias directas en un mercado clave para Chile en los próximos 20 años. En las regiones del Norte, por ejemplo, prácticamente no hay espacios libres para que nuevas empresas realicen exploración de yacimientos. Según estudios de Cochilco, el 70% de la superficie de la Región de Tarapacá está otorgada en concesiones mineras, el 69% de la Región Antofagasta, el 70% de la Región de Atacama y el 58% de la Región de Coquimbo.
En Canadá, también país minero, ocurre lo contrario: la mayor parte de su territorio está libre para que las empresas de exploración (básicamente medianas) hagan su trabajo. Lo mismo pasa en México, Argentina, Perú y Australia. En Chile, es al revés, las grandes empresas acumulan por años miles de hectáreas, explorando y explotando apenas un porcentaje.
En los países donde funciona el mercado y se fomenta la libre competencia, dice un abogado del rubro, se dan “’permisos de exploración por un tiempo fijo, de manera que si por cualquier motivo una compañía dilata la exploración, deje el terreno libre a otra empresa”.
Según los cálculos de José Joaquín Jara, del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), en 2009 se habían constituido en Chile concesiones de explotación por más de 10 millones de hectáreas, pero se explotaba menos del 10%: entre 600 mil y 800 mil hectáreas. Entre las empresas que acumulan la mayor superficie, destaca Soquimich: registra más del 20% de las concesiones de explotación y el 7% de las de exploración.
-Eso es codicia. Es tener derechos en todas partes -reflexiona la abogada Laura Novoa, una de las mayores expertas en derecho minero.

LA BICICLETA
Según la Ley Minera, las concesiones mineras duran dos años y son renovables por otros dos, pero sólo por la mitad de la superficie. La idea es justamente que las compañías exploren y dejen a otros hacerlo. La abogada Laura Novoa, asesora de empresas mineras, tiene claro cómo operan las grandes compañías para acumular sin soltar.
A través de abogados o palos blancos, en los últimos 20 años han solicitado cientos de concesiones de exploración. Y las mantienen en su poder. ¿Cómo? Presentando solicitudes de concesión sucesivamente, por exactamente la misma superficie pero bautizando la propiedad cada vez con un nombre distinto, lo que deriva en una nueva sentencia judicial. Y así, religiosamente, cada dos años. Una bicicleta que requiere dinero para su mantención.
-Por como está concebido el sistema, se presta para este tipo de maniobras a las cuales son muy adictos los abogados, los técnicos y los mineros -resume la abogada Novoa.

LA PECULIARIDAD DE CAÑAS
Otra consecuencia de este modelo ha sido el surgimiento de los llamados “mineros de papel”: personas que adquieren concesiones mineras no para explotar, sino para negociar sus derechos con grandes empresas, que no necesariamente son mineras. Porque la concesión da derechos sobre el subsuelo de un terreno, lo que finalmente determina el valor de una propiedad y la viabilidad de distintos proyectos.
Por ejemplo, para una empresa eléctrica que proyecta instalar una central en una zona agrícola, una empresa inmobiliaria que busca construir un condominio o la concesionaria de una nueva autopista, resulta clave poseer esas concesiones para evitarse sorpresas. Así, una empresa eléctrica al mismo tiempo que diseña su trazado, buscará ser titular de las concesiones alrededor de dicha superficie.
La ingeniera químico María Teresa Cañas Pinochet, sobrina de Augusto Pinochet, es experta en ese negocio. En 1980, Pinochet la nombró presidenta del directorio del Instituto de Investigaciones Geológicas, que al año siguiente se convirtió en el Sernageomin. Y la mantuvo al mando hasta el final del régimen (1990). A su marido, Jorge Iván de la Barra Valle, lo nombró vicepresidente del Banco Central el 31 de diciembre de 1981.
Al retornar la democracia, Cañas Pinochet y de la Barra crearon la sociedad “María Teresa Cañas y Compañía Limitada”, para asesorar, evaluar y realizar inversiones mineras, entre otras. Además, constituyeron una decena de otras sociedades, entre las cuales destacan tres vinculadas al rubro: Sosmin Limitada (Sondajes y Servicios para la Minería); Compañía Minera Iri Chile y Minera Oro Andino (1995). En esta última Cañas aporta la “obtención de propiedades mineras”. En paralelo, Cañas ejercía como “perito mensurador minero”, el profesional que la Ley Minera exige para solicitar concesiones (designada por Aylwin, 1993; y Lagos, 2006).
Actualmente, Cañas y dos de sus hijos, Jorge y Andrea de la Barra, figuran entre los mayores propietarios de concesiones mineras. Cuando se digita el Rut de María Teresa Cañas en el catastro del Sernageomin, la imagen es elocuente: (http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/PANTALLAZO-MARIA-TERESA-CAÑAS-PINOCHET.pdf )exhibe propiedades en 6 de las 15 regiones de Chile. ¿Quiénes son sus clientes? Básicamente empresas eléctricas, como HidroAysén, Endesa y Transelec.
La ONG Geoaustral contabilizó las solicitudes mineras de la empresa de Cañas en representación de Endesa: sólo en la provincia de Llanquihue (Décima Región), figuran 500, de entre 200 y 300 hectáreas cada una.
El representante de Geoaustral, Mauricio Fierro, explicó:
-Endesa es dueña de los ríos más importantes del sur. Para poder asegurar las áreas de inundación de cada una de sus centrales, lo que hace es tratar de bajar el valor de la tierra para luego tomar su control. ¿Cómo? A través de la Ley Minera. Como por estatutos corporativos Endesa no puede hacer los pedimentos mineros directamente, lo hace a través de María Teresa Cañas.
Cañas suma otro centenar de solicitudes por encargo de HidroAysén. Lo anterior fue revelado en 2006 por el abogado Álvaro Varela, en representación de 15 ganaderos de Aysén. “Por la vía de solicitar la concesión minera esa empresa está gravando los campos que ella misma va a inundar, y con eso estos tienen un menor valor”, reclama Varela.
En HidroAysén afirman que no tienen otra alternativa: “Las empresas que desarrollan proyectos de infraestructura deben contratar consultores con experiencia en la tramitación de concesiones mineras. Ello, con el objeto de proteger sus desarrollos de especuladores que abusan y, en algunos casos, extorsionan a los titulares de proyectos legítimos”, afirmó a CIPER, Camilo Charme, gerente legal del megaproyecto HidroAysén.
-Si estuviésemos en una región minera, podría creer lo de la especulación, pues allí hay una fuerte disputa por la propiedad. Pero aquí eso no existe. Ellos están especulando con la especulación, pues su objetivo es afectar terrenos que ellos mismos van a tener que comprar y por esa vía bajarles el precio -refuta Álvaro Varela.
En los últimos 30 años, el matrimonio Cañas de la Barra ha diversificado sus inversiones a través de otras sociedades pesqueras, agrícolas, madereras y de inversiones. Entre sus emprendimientos, llama la atención la sociedad South Pacific Fishing, constituida por Jorge de la Barra en sociedad con Manuel Losada Martínez, el empresario porteño que en 2009 fue condenado como autor del delito de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes (“Operación Océano”). La investigación judicial estableció que dineros del Cartel de Cali fueron traspasados a la South Pacific Fishing (Ver Reportaje).
http://ciperchile.cl/2011/05/16/el-nexo-entre-maria-teresa-canas-y-la-%E2%80%9Coperacion-oceano%E2%80%9D/

LA LEY CUESTIONADA
En los últimos cuatro años han surgido voces exigiendo cambios drásticos al mercado minero para garantizar mayor competencia. Un giro que sólo puede materializarse con una reforma a la Constitución y uno de sus cimientos: el derecho de propiedad. La Ley Minera fue creación de José Piñera, hermano del Presidente, a comienzos de los ‘80. Su gran objetivo lo explica el propio Piñera, en su página web del Cato Institute.
“El desafío para 1981 era elaborar una legislación de rango constitucional que asegurara derechos sólidos de propiedad en el emblemático y potencialmente rico sector minero (…) Para los inversionistas privados este aspecto era de gran importancia dada la historia de confiscaciones en los países con recursos naturales, y especialmente la experiencia de 1971 en Chile”, explica.
A propósito de los 20 años de la Ley Minera (octubre 2002), José Piñera afirmó: “quiero destacar que durante los tres gobiernos posteriores a aquel en que se dictó esta ley, pese a la injusta campaña en su contra (…) no se ha pretendido cambiar ni siquiera una coma de la Ley Constitucional Minera”.
En la oposición a cualquier cambio a la normativa, se alinean el Consejo Minero, que agrupa a las grandes empresas del rubro; la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y los abogados cerebros del Código Minero: Juan Luis Ossa, actual asesor del ministro Golborne y Samuel Lira, ex ministro de minería de Pinochet, quien participó en la elaboración y dictación del Código de Minería en 1983.
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UN ABOGADO ENTRE GIGANTES

Otro profesional que acumula miles de hectáreas de propiedad minera de exploración, es Pablo Mir Balmaceda, socio del estudio Bofill, Mir & Álvarez Jana y uno de los más destacados abogados mineros en Chile, según el ranking Chambers. De acuerdo a la nómina de Sernageomin, en 2007 estaba en el séptimo lugar, con 213.500 hectáreas, apenas tres puestos más atrás que el gigante Soquimich. En 2010, pasó al lugar 13, con 157.700 hectáreas, casi la mitad de las que posee el poderoso grupo Luksic a través de su holding Antofagasta Minerals.

-¿Por qué aparezco con muchas propiedades mineras? Básicamente por dos razones: una es que tengo clientes extranjeros que quieren asegurar determinadas zonas para explorar, pero como formalmente no están constituidos en Chile, piden la concesión a nombre mío. Como en esta cuestión de los minerales, el primero que llega gana…Otra situación que se da mucho tiene que ver con un tema estratégico. Muchas compañías no quieren que se sepa que son ellos los que están en determinado lugar –explicó a CIPER.
El abogado Mir ha constituido decenas de sociedades mineras desde mediados de los ‘90, en conjunto con su ex socio Michael Grasty (abogado y socio fundador del estudio Grasty Quintana Majlis & Cia, ex presidente de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, Amcham); y con Octavio Bofill, con quien comparte participación en el bufete Bofill, Mir & Álvarez Jana.
Sus clientes son básicamente empresas extranjeras: las canadienses Iron Creek, Atacama Minerals, Coro Mining Corp y la brasileña Vale do Río Doce (para la cual formó la sociedad Compañía Minera Latinoamericana Ltda. en Chile). También tiene negocios con los peruanos del holding Hochschild. En total, alrededor de 15 compañías, que el abogado prefiere no identificar.
En general, la figura con la que trabaja Mir es la siguiente: constituye en Chile sociedades con empresas interesadas en realizar exploración o explotación minera. En la mayoría de los casos, se trata de compañías extranjeras cuyo domicilio está registrado en paraísos fiscales, como Aruba, Las Islas Vírgenes Británicas o Antigua, donde no pagan impuestos, o pagan muy poco.
Por ejemplo, en junio de 2003, Mir y Tombstone Aruba crearon la sociedad de responsabilidad limitada “Compañía Minera Mena Resources”. Luego, esta sociedad se transforma, cede derechos, se crean nuevas firmas o las divide:
un organigrama que queda registrado en el Diario Oficial.
Es lo que ocurre con Mena Resources: en abril de 2008, Tombstone Aruba, con domicilio en Aruba, cedió sus derechos a la sociedad Iron Creek Chile (minera canadiense), cuyo domicilio está registrado en las Islas Vírgenes Británicas. Luego, en febrero de 2011, Mena Resources, que ya poseía un capital de $1.036.994.734, fue dividida en dos nuevas razones sociales. La misma matriz se siguió para constituir Minera Cielo Azul Limitada y Latin American Cooper Chile.
-Yo jamás he invertido en propiedades mineras. He invertido en acciones de compañías mineras, pero propiedades mías… Por cosas que sé, por mi experiencia profesional, puedo llegar a la Bolsa y agarrar un palo blanco, ver cierta información, pero es un tema en el que he sido súper riguroso. Sé que hay otros abogados que participan en el negocio, yo jamás. Y llevo veintitantos años en esto -aseguró.

La abogada Laura Novoa, quien trabajó con José Piñera en la redacción de la ley, está convencida de que hay que hacerse cargo del problema y modificar la Constitución. Y propone cambiar el mecanismo por el cual hoy se obtienen las concesiones de exploración. Su propuesta es sacarlas de los tribunales y transformarlas en un trámite administrativo, un permiso, como funciona en otros países. Y agregaría nuevas exigencias: que detrás de las solicitudes haya proyectos mineros y con un plazo de vencimiento.
-Con un sistema como ése mejorarían efectivamente los problemas que presenta la concesión actual, que se presta para una concentración gigantesca; para abuso y mal uso -acota Novoa.
El ministro de Minería, Laurence Golborne, también está por incentivar un mercado más abierto, pero no busca reformar la normativa, sino crear un fondo de inversión.
“Estamos trabajando con la Corfo para desarrollar compañías que se dediquen a la exploración minera. Son líneas de crédito para empresas medianas y chicas que hoy no tienen acceso al mercado de capitales. Lo hemos llamado Fondo Fénix”, anunció Golborne a comienzos de abril.
“Este fondo puede depender de que haya o no lugares para explorar”, dice el economista de Cochilco, José Joaquín Jara. “El problema no tiene que ver con el financiamiento, sino con la disponibilidad de propiedad minera”, complementa Juan Carlos Guajardo, director del Cesco.
A 30 años de la entrada en vigencia de la Ley Minera, el debate está en la agenda: qué cambios se harán para terminar con una concentración que hoy asfixia al mercado. ¿Querrá el Presidente modificar uno de los mayores trofeos de su hermano?