Mayores atribuciones para los aparatos de inteligencia pidió este lunes el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo,
durante una intervención en la Comisión Especial de Seguridad del
Senado que analizó la oleada de bombazos registrados el último mes en la
capital.
“Hoy día hay un consenso general de que, tal cual como estamos, y la problemática que tiene el país, se requiere una institucionalidad más moderna, con mayores atribuciones, que permita de verdad enfrentar grupos que, hace 10 ó 15 años quizá, no se podían prever”, indicó el secretario de Estado.
Las declaraciones de Peñailillo cuajan perfectamente con un proyecto que el equipo más cercano de Michelle Bachelet ha mantenido en secreto por meses: la creación de un nuevo organismo de inteligencia dependiente del Ministerio del Interior y la inyección de 30 millones de dólares para la compra de nuevos equipos de vigilancia electrónica.
En febrero de este año, el sitio español Infodefensa publicó que un equipo “encabezado por Rodrigo Peñailillo” estaba esmerado en crear un Centro Nacional de Mando para el “manejo de situaciones de crisis, emergencias y amenazas”. El nuevo organismo asumiría las tareas de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y pasaría a estar subordinado directamente a la Presidencia de la República.
“Entre las amenazas que la nueva organización debe conjurar están considerados movimientos y grupos que podrían desestabilizar al gobierno, como las organizaciones estudiantiles, cuyas huelgas y protestas han puesto en aprietos a los últimos gobiernos, incluida la primera administración de la presidenta Bachelet. Otros sectores también considerados son algunas organizaciones de la minoría aborigen de etnia mapuche y grupos anarquistas”, explicó la nota.
El portal europeo reveló que, antes de asumir su cargo, Peñaillo se reunió con el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, para retrasar la creación de un Centro de Ciberseguridad (bajo el alero de la ANI) hasta que no fuera creado el Centro Nacional de Mando. Ello porque, según escribió El Periodista, el proyecto alternativo con que la administración Bachelet llegaría a palacio ya tenía “identificados otros equipos y otros proveedores, que no serían los mismos seleccionados por la agencia civil de inteligencia”.
“Respecto a la situación planteada por la compra de equipamientos ya seleccionados y negociados, varios observadores consultados por EP señalaron que, de ser así, se trataría de un proceso de negociación muy irregular, porque habría tenido lugar fuera del sistema oficial de compras del Estado y llevado por personeros que aún no se constituían en autoridad”, versa la publicación chilena del periodista Pedro Rojas.
El medio agregó que “algunos plantearon su temor de que las negociaciones pudiesen haber tenido lugar en el marco de la recaudación financiera para la campaña presidencial de la Nueva Mayoría, que fue manejada por la ahora nominada subsecretaria de las FFAA, Carolina Echeverría, y donde se habrían recibido aportes de varias empresas proveedoras de equipo militar y de seguridad”.
Esta situación, se puntualiza, podría llegar a ser objeto de una investigación de la Cámara de Diputados o la Contraloría.
“Hoy día hay un consenso general de que, tal cual como estamos, y la problemática que tiene el país, se requiere una institucionalidad más moderna, con mayores atribuciones, que permita de verdad enfrentar grupos que, hace 10 ó 15 años quizá, no se podían prever”, indicó el secretario de Estado.
Las declaraciones de Peñailillo cuajan perfectamente con un proyecto que el equipo más cercano de Michelle Bachelet ha mantenido en secreto por meses: la creación de un nuevo organismo de inteligencia dependiente del Ministerio del Interior y la inyección de 30 millones de dólares para la compra de nuevos equipos de vigilancia electrónica.
En febrero de este año, el sitio español Infodefensa publicó que un equipo “encabezado por Rodrigo Peñailillo” estaba esmerado en crear un Centro Nacional de Mando para el “manejo de situaciones de crisis, emergencias y amenazas”. El nuevo organismo asumiría las tareas de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y pasaría a estar subordinado directamente a la Presidencia de la República.
“Entre las amenazas que la nueva organización debe conjurar están considerados movimientos y grupos que podrían desestabilizar al gobierno, como las organizaciones estudiantiles, cuyas huelgas y protestas han puesto en aprietos a los últimos gobiernos, incluida la primera administración de la presidenta Bachelet. Otros sectores también considerados son algunas organizaciones de la minoría aborigen de etnia mapuche y grupos anarquistas”, explicó la nota.
El portal europeo reveló que, antes de asumir su cargo, Peñaillo se reunió con el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, para retrasar la creación de un Centro de Ciberseguridad (bajo el alero de la ANI) hasta que no fuera creado el Centro Nacional de Mando. Ello porque, según escribió El Periodista, el proyecto alternativo con que la administración Bachelet llegaría a palacio ya tenía “identificados otros equipos y otros proveedores, que no serían los mismos seleccionados por la agencia civil de inteligencia”.
“Respecto a la situación planteada por la compra de equipamientos ya seleccionados y negociados, varios observadores consultados por EP señalaron que, de ser así, se trataría de un proceso de negociación muy irregular, porque habría tenido lugar fuera del sistema oficial de compras del Estado y llevado por personeros que aún no se constituían en autoridad”, versa la publicación chilena del periodista Pedro Rojas.
El medio agregó que “algunos plantearon su temor de que las negociaciones pudiesen haber tenido lugar en el marco de la recaudación financiera para la campaña presidencial de la Nueva Mayoría, que fue manejada por la ahora nominada subsecretaria de las FFAA, Carolina Echeverría, y donde se habrían recibido aportes de varias empresas proveedoras de equipo militar y de seguridad”.
Esta situación, se puntualiza, podría llegar a ser objeto de una investigación de la Cámara de Diputados o la Contraloría.
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